- Política
Recuperar la confianza de la población, superar la crisis que vive el país y revertir el riesgo de venganza social, entre los retos fundamentales
La senadora panista Adriana Dávila Fernández se pronunció por la creación de un observatorio legislativo que dé seguimiento a las acciones que emprenda el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de garantizar que velará por la aplicación de la ley y buscará superar la crisis que vive el país.
Al emitir el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN ante el Pleno de la Cámara Alta, aseguró que los recientes hechos de violencia en Guerrero y los crecientes señalamientos de organismos internacionales sobre la violación de garantías en el país, revelan que la crisis de derechos humanos ha rebasado a las instituciones de México.
En el país se enfrenta la vergüenza colectiva de descomposición del tejido social, la complicidad de las autoridades y, por desgracia, el aumento desmedido de la impunidad. Víctimas y afectados presentan la crudeza de la debilidad institucional, que dan espacio para la frustración, rencor y posible venganza social, advirtió la legisladora.
En este entorno, subrayó, lo más grave es el deslinde de autoridades respecto al hallazgo de fosas de restos humanos --que no pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos--. Se trata de “identidades desconocidas, historias perdidas en la vorágine de la impunidad, hombres y mujeres sin rostro, sin identidad, anónimos, invisibles”.
También resultan graves las agresiones al senador Alejandro Encinas, al intento de destrucción de la puerta principal de Palacio Nacional, pero es aún peor que no se castigue a los responsables, a quienes incurren en mayor violencia con el pretexto de participar en la manifestación social.
Tras este contexto, la senadora Dávila Fernández enumeró los retos fundamentales que enfrentará el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Recuperar confianza de la sociedad en su conjunto, en particular de las víctimas, para lograr revertir la división y enojo que prevalece entre los mexicanos y que puede desatar la venganza social.
La CNDH deberá hacer valer la ley sin simulaciones, enfatizó la legisladora por Tlaxcala, habrá de aplicarse tanto a las autoridades que sean omisas o cómplices en la violación de derechos humanos, como a los grupos y/o organizaciones que incurran en una mayor violencia, disfrazada de protesta social.
Para lograr este objetivo, el presidente de la CNDH estará obligado a mantenerse al margen de apetitos, filias o fobias políticas, deslindarse de servilismos y dar respuesta oportuna a cada situación de violación de garantías individuales, pues es necesario revertir el aumento observaciones por parte de organismos internacionales.
El nuevo ombudsman, concluyó la senadora por el PAN, deberá emprender la restructuración de la CNDH con el rescate de los aspectos positivos de la pasada administración, la corrección de lo que así lo amerite, y la reorientación de los esfuerzos institucionales.
13 de noviembre de 2014
Versión de la intervención de la senadora Adriana Dávila Fernández, al emitir el posicionamiento del GPPAN al dictamen de las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia, relativo a la integración de la terna para elegir al presidente de la CNDH
Con su venia presidente, senadoras y senadores.
Las imágenes que ahora son parte de lo cotidiano, de la “normalidad” nacional reflejan tres hechos que nos llenan de vergüenza colectiva: descomposición del tejido social, complicidad de las autoridades encargadas de garantizar el orden y, por desgracia, el aumento desmedido de la impunidad.
Los medios de comunicación, las redes sociales nos han hecho partícipes de eventos que revelan alteración social, dolor, así como la insospechada capacidad del ser humano para lastimar con crueldad, matar y, literal, desaparecer todo tipo de rastro de vida.
Víctimas y afectados presentan la crudeza de la debilidad institucional, que dan espacio para la frustración, el rencor y la posible venganza social. Ante un estado débil o ausente, la impunidad se hace presente y la víctima es la legalidad.
Todos estos acontecimientos reflejan una crisis de derechos humanos. Es grave dar cuenta de múltiple fosas con restos humanos que, lo mencionan con alivio, no pertenecen a los 43 normalistas. Pero es más grave el deslinde de las autoridades de estos hechos ilícitos y que no se sepa quiénes son ni de dónde eran. Identidades desconocidas, historias perdidas en la vorágine de la impunidad. Hombres y mujeres sin rostro, sin identidad, anónimos, invisibles.
Es grave la denuncia pública de un medio de comunicación ante la probable comisión de un delito por la contratación de servicios sexuales con recursos públicos o propios, pero es más grave comprobar que las autoridades, sean administrativas o penales, se “tiran la bolita” y no asumen sus responsabilidades ante violaciones evidentes de los derechos humanos.
Es grave la agresión a un senador de la República o el vandalismo a la puerta de Palacio Nacional, pero es más grave que con imágenes contundentes, no se castigue a los responsables de esos hechos delictivos. Existe permiso de la autoridad.
Hoy, en el plano social, los mexicanos nos encontramos divididos, enojados y con impotencia. Hay quienes, en su legítimo derecho, deciden apartarse y anhelan no ser parte de daños colaterales o afectados de los delitos.
Otros, desde el hartazgo e indignación por la incapacidad de los gobiernos claman justicia. Ellos han perdido la confianza en las instituciones.
Hay otro grupo que aprovecha la coyuntura para descalificar, destruir, dañar, actuar desde la ignorancia o el dolo. Ellos también han perdido la confianza en las instituciones, pero obtienen beneficios particulares.
El dolor, la indignación y la protesta no pueden ser pretexto para destruir, denigrar ni robar, eso, sencillamente, es vandalismo.
Pero hay también quienes tenemos convicción plena, primero, de reconocer la existencia de un problema; segundo, atender, escuchar y tomar decisiones; y tercero, fortalecer a las instituciones.
En este complejo, difícil y crispado marco social, las senadoras y los senadores estamos hoy convocados a discutir y votar la terna para elegir a la o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La deliberación y votación para elegir a la próxima o el próximo titular de esta Comisión representa una alta y grave responsabilidad legislativa, porque se requiere fortalecer a la institución, para que sea sólida y dé certeza con sus acciones.
No sólo la persona que encabece este órgano tiene sobre sí esta gran responsabilidad. En el Senado de la República también debemos ser responsables y corresponsables, porque nuestra decisión debe contribuir a terminar con todo aquello a lo que se ha sido omiso en materia de derechos humanos. Por eso es que el proceso de selección ha sido complicado desde la emisión de la convocatoria, las interpretaciones legales y la construcción de un acuerdo parlamentario que permitiera una consulta pública, un método específico y ciertos criterios de evaluación.
Debe quedar claro que se evaluaron perfiles, conocimientos y trayectorias de todos aquellos que decidieron participar y cumplieron, cabalmente, con los requisitos.
Hago un reconocimiento a las y los candidatos que participaron, pues las comparecencias enriquecieron nuestra visión. Las audiencias públicas nos aportaron elementos significativos, más allá del ámbito legislativo, y nos permitieron acercamientos con las organizaciones de la sociedad civil.
Aprovecho el espacio para reconocer y agradecer la participación de valiosos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que, sin duda, con su activismo permanente, han dado seguimiento al proceso.
Sin duda, aún existirán diversas visiones y demandas, pero en la medida de lo posible, fueron escuchadas sus voces. Cada uno, desde su espacio y competencia, busca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos garantice precisamente los derechos humanos de las víctimas que han visto vulnerada su integridad y su dignidad.
Destaco la responsabilidad del servicio público con el que habrá de conducirse aquella o aquel que obtenga el número de votos suficientes por parte de esta soberanía, así como la responsabilidad y compromiso de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí.
Para el Grupo Parlamentario del PAN hay retos fundamentales que tiene frente a sí quien resulte electo o electa. Primero, recuperar la confianza de los ciudadanos, de las víctimas, de la sociedad en su conjunto. Segundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser una institución capaz de dar respuesta oportuna y pronta a cada una de las situaciones que han vulnerado los derechos humanos en México.
No es posible que organismos internacionales señalen cada vez más observaciones en esta materia, ello indica que hemos sido rebasados por la crisis de derechos humanos en la que vivimos.
Tercero, en los procesos de deliberación democrática, con sensibilidad se atendió la necesidad de oxigenar a la institución y se optó por el cambio, pero es fundamental señalar que Comisión Nacional de los Derechos Humanos no arranca de cero. Hay trecho recorrido, camino construido; quien asuma el cargo no debe descalificar, sino rescatar los aspectos positivos de la administración saliente.
Es innegable la necesidad de iniciar una reestructura institucional, rescatar el trabajo que ha dado frutos positivos, corregir aquello que amerite cambio a fin de reorientar los esfuerzos institucionales
Cuarto, el establecimiento del Estado de Derecho. La defensa y protección de los derechos humanos sólo es posible cuando se respeta la ley, sin simulaciones. Reforzar el trabajo preventivo de la CNDH debe de ser una de las prioridades de la institución, pero también es necesario reconocer que la CNDH no puede, no debe y no va a sustituir instituciones de las distintas esferas del poder público que tiene también una responsabilidad en la materia.
La CNDH, como organismo autónomo, requiere el nombramiento de una persona comprometida, independiente, con capacidad de decisión. No basta el conocimiento académico o la experiencia, los derechos humanos hay que procurarlos, defenderlos y garantizar la aplicación de las leyes, de sus herramientas.
Quinto, quien esté al frente de la Comisión no puede otorgar licencias de tolerancia, bajo ninguna circunstancia para el vandalismo creciente, disfrazado de protesta social que afecta a los demás, y mucho menos debe solapar, disculpar u omitir señalamientos a las autoridades que no cumplan con los mandatos institucionales establecidos en la reforma de 2011.
Ser sensible ante las legítimas demandas, sin que ello implique ser rebasado por las manifestaciones de repudio que alteren, violenten o, peor aún, hagan cómplice a la autoridad encargada de la seguridad pública, so pretexto de disminuir o beneficiar las tensiones sociales, vía la impunidad.
Vivimos en una sociedad cada vez más informada, hay un importante despertar cívico, y los habitantes demandan de los servidores públicos honestidad, congruencia y capacidad para decidir con responsabilidad y cumplir con sus obligaciones, sin simulaciones, con autoridad y especialmente con esa autoridad moral que tanta falta le hace al servicio público.
Exigimos también a quien resulte electo estar al margen de apetitos políticos, filias o fobias; debe deslindarse especialmente de servilismos, para aplicar la ley con justicia y garantizar los derechos humanos a todos los mexicanos.
Senadoras y senadores, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce los esfuerzos legislativos en la construcción de la terna que se somete a consideración de este Pleno, pero también entendemos la enorme corresponsabilidad del Senado de la República con este nombramiento y especialmente con la institución.
Por ello, proponemos desde esta tribuna la conformación de un observatorio legislativo en materia de derechos humanos para dar seguimiento a las acciones que la CNDH emprenda a partir de este nuevo ciclo.
Con toda claridad y honestidad intelectual manifiesto, a nombre de mi Grupo Parlamentario, que estaremos atentos al desempeño y actuación de la o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La credibilidad institucional sólo se logrará cuando se respete la ley, cuando se defiendan y procuren los derechos humanos.
Este ejercicio que hemos realizado nos deja grandes lecciones, entre ellas, asimismo la responsabilidad reempezar con los cambios legislativos necesarios para fortalecer a la institución, para precisar las dudas legales que pudieran existir, con el único fin de contribuir a garantizarle a los ciudadanos nuestro compromiso y trabajo con la defensa y promoción de los derechos humanos.
Estamos concientes que este nombramiento no es la varita mágica que cambiará de golpe la crisis que estamos padeciendo, pero sin duda debe contribuir a recuperar la confianza en las instituciones autónomas y en quienes participamos en la política pública.
En la construcción de instituciones sólidas y fuertes todos somos corresponsables.
Es cuanto señor presidente.
Muchas gracias.
ooOoo