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Entre acusaciones de irregularidades, se llevó a cabo este martes una asamblea extraordinaria de la empresa Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala (USU) en la que se concretó la expulsión de 38 socios que pretenden conformar una nueva firma.
A la reunión convocada por el Consejo de Administración a cargo de José Antonio Martínez Lozano, llegaron unos 40 concesionarios que representan 180 de las 220 acciones de USU, quienes votaron por la exclusión de los disidentes que quieren formar la empresa “Tlahuicole”.
Sin embargo, de acuerdo con uno de los representantes de la disidencia, Miguel Xochihua, la asamblea careció de legalidad porque no estuvo debidamente convocada en base a los estatutos, y porque además no hubo ninguna autoridad que diera fe de las decisiones.
Consideró que todo fue un acto simbólico a cargo de Martínez Lozano y no hay validez en nada, por lo que no procede impulsar algún incidente de nulidad.
La reunión fue tensa por la presencia de supuestos golpeadores, de ahí que fue necesaria la presencia de elementos policiacos del estado a las afueras del edificio ubicado en la calle Nayarit, de la colonia El Alto de Chiautempan.
Por su parte, José Antonio Martínez solo se limitó a decir que hubo acuerdos y todo fue en base a la legalidad, pero no ahondar más al respecto.
El grupo disidente recordó que USU arrastra una adeudo de 24 millones de pesos, 14 millones por falta de cuotas obrero patronales al Seguros Social, y 10 millones más por laudos laborales en ejecución.
La promoción de un recurso legal, indicó Miguel Xochihua, será hasta que la empresa USU realice las anotaciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y será ahí cuando se inicie el litigio por las concesiones, las unidades vehiculares, cobro de prestaciones y hasta un posible finiquito.