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Mientras la Comisión Permanente del PAN autorizó a su líder, Ricardo Anaya, que negocie con el PRD la posibilidad de una alianza para las elecciones del 2015, a fin de arrebatar al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática planea “limpiar la casa” de acciones ilegales de funcionarios, legisladores y militantes perredistas en todo el país.
De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, José Isabel Trejo, señaló que Anaya "explorará" con la dirigencia perredista en qué distritos es posible presentar candidatos en conjunto.
Precisó que la Comisión Permanente valoró la tarde de ayer la posibilidad mínima de 25 a 50 distritos de alianza con el PRD; otro escenario de 50 a 100 distritos; e incluso la totalidad de los 300 distritos en disputa.
"La Comisión Permanente le encarga al presidente del PAN para que haga la exploración y se pueda trabajar una potencial alianza con el PRD.
"Después de que haga la exploración con el PRD; previo análisis, Anaya vendrá a la Comisión Permanente y dirá en qué consistió el diálogo y la exploración y someterá a consideración en cuales distritos iríamos en coalición", mencionó Trejo sobre el acuerdo tomado ayer.
Explicó que aún falta que el PRD discuta la posibilidad de una alianza con el PAN, por lo que esto aún no es un hecho.
"Hay un gran potencial de ganar muchos distritos que se perdieron en 2012 por parte del PRD y PAN por un punto porcentual.
"Entonces, juntos, con dos o tres puntos, unidos, aunque tengamos diferencias, podemos ganar una cantidad importante de distritos y estamos pensando en restarle mucha fuerza al PRI en Cámara de Diputados", detalló el coordinador parlamentario.
Reconoció que si bien el PRD atraviesa por una crisis debido al caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se pueden lograr "campañas ganadoras" en los distritos donde ganó el PRI por escaso margen en el 2012.
PRD no se dejará infiltrar por el crimen organizado
Ante lo sucedido con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, acusado de pertenecer al crimen organizado y de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca se vio obligado a fijar candados a todos sus órganos de dirección, así como tomar medidas en los candidatos para la elección de 2015 para evitar que sean infiltrados por el crimen organizado y narcotráfico, pues no están exentos.
Según otra nota del diario 24 Horas, el documento de ocho páginas, denominado Protocolo del PRD para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética política, contiene una serie de medidas que, según el líder nacional perredista, Carlos Navarrete, servirán -en primer lugar- para “limpiar la casa”, pues habrá cero tolerancia para sanción de las conductas y actividades ilegales de toda persona expuesta políticamente en el sol azteca.
Entre las medidas más relevantes que entran en vigor hoy es que el PRD dejará al Instituto Nacional Electoral (INE) la administración de los recursos públicos de las campañas electorales perredistas en 2015.
“La administración de todos los gastos de campaña electoral, ya sea federal o estatal, estará en manos del INE y los Órganos Electorales de los Estados, conforme a las instrucciones que al efecto den los órganos de finanzas del PRD, con comprobación inmediata”, indica el protocolo.
Asimismo, el PRD entregará toda la información de la que tenga conocimiento en la que se presuma la existencia de conductas delincuenciales a las instancias federales de lucha contra la delincuencia organizada: PGR, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y CISEN.
En este sentido, no serán candidatos internos a cargos de elección popular aquellos perredistas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado o de índole financiero.
El protocolo contiene la creación de un Sistema Nacional de transparencia en el PRD, donde mandata hacer pública la información financiera, patrimonial y de gasto del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales del PRD.
Este sistema contendrá información pública de todos los ingresos y gastos, salarios, viáticos y viajes de los órganos directivos del partido. Además, mandata como obligatoria la declaración patrimonial anual de la principal estructura perredista, es decir los integrantes de los órganos de dirección del PRD.
En tanto, el CEN perredista se compromete a que de tener conocimiento de hechos presumiblemente delictivos o conductas antisociales de cualquiera de sus militantes, exigirá al señalado que se presente de inmediato a declarar ante instancias ministeriales. De negarse a comparecer, se le suspenderán sus derechos partidistas.
Finalmente, se crea la página nacional de transparencia, que con la ayuda de los ciudadanos mantendrá el control de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular con el fin de verificar su reputación social y política.
Partidos rechazan nuevo reglamento de fiscalización de INE
Entre muestras de inconformidad de partidos políticos y organizaciones civiles que definen como “regresión” y “abdicación” ante las televisoras la negativa a coaccionarlas para que cumplan una serie de obligaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará hoy 24 nuevas reglas electorales.
Entre los temas que discutirá el INE en una sesión maratónica, uno de los más polémicos es el reglamento de fiscalización. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) están en desacuerdo con el modelo de prorrateo de gastos de campaña, propuesto por el instituto y Acción Nacional (PAN), y en que se dé el mal manejo de monederos electrónicos, que abran la puerta a un nuevo caso Monex.
DE acuerdo con otra nota de La Jornada, los partidos políticos ya identificaron varios aspectos que impugnarán ante los tribunales electorales si sus quejas no son atendidas por los consejeros.
El senador Javier Corral, consejero panista del Poder Legislativo ante el INE, consideró ayer que el proyecto de reglamento de radio y televisión constituye una auténtica regresión. “No sólo no avanzó con relación al actual, sino que retrocede y constituye una abdicación ante la presión de las televisoras”, expresó.
Fruto de las presiones de Televisa y del sometimiento de algunos consejeros, el reglamento pretende exentar a las televisoras de la obligación de realizar bloqueos en las estaciones repetidoras de sus señales nacionales, pretextando impedimentos técnicos que no existían cuando los partidos compraban la propaganda y que actualmente realizan con otros clientes cuando se trata de publicidad comercial. El proyecto el reglamento considera una ilegal figura de “bloqueo estatal”, que entraña una contradicción con el argumento técnico ofrecido.
“En el INE continúa la regresión, pues a este tema se suma la amañada integración de los Oples, en la que el grupo de consejeros impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y encabezado por Marco Antonio Baños afectó seriamente el valor de la imparcialidad que deben guardar las autoridades electorales; siguió la aprobación del monitoreo de medios de comunicación, que excluyó los programas de debate, análisis y opinión, y ahora el reglamento de radio y tv, que constituye un nuevo golpe al modelo de comunicación política”.
En relación con recientes declaraciones de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, Corral señaló que no se exige convertir al instituto en punta de lanza contra las televisoras, sino que se cumpla a cabalidad la Constitución y se abstenga de proteger los intereses comerciales de Televisa y de Televisión Azteca.
En tanto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló ayer que al cerrar la puerta para que partidos y candidatos coloquen mensajes de sus ofertas políticas en las repetidoras de las televisoras con mayor audiencia, se incentiva la compra indebida de anuncios propagandísticos regionales como si se tratara de información periodística.
Basta con encender la televisión en las entidades federativas para corroborar que es falso que sea técnicamente “imposible” difundir contenidos o anuncios diferenciados en cada repetidora.
La Amedi señaló que el avance en el tema de radios comunitarias se verá opacado por una regla de último momento, que pretende convertir la autoridad electoral en una suerte de policía oficioso de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, denunciando ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones cualquier señal de radio que no tenga permiso o autorización para transmitir.