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TLAXCALA, Tlax.- Al final de cuentas, el Gobierno de Mariano González Zarur prefirió pagar la multa de siete millones de pesos que le impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el derribo de árboles sin permiso en las obras de Ciudad Judicial y Ciudad de la Salud, antes que comprometer las finanzas del Estado por acciones de conservación que representaban un costo de 25 millones de pesos.
De hecho, González Zarur responsabilizó al titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, de haber anunciado sin el consenso del Ejecutivo local la conmutación de esa sanción a cambio de trabajos de preservación en La Malinche, que correspondían a zonas forestales de los municipios de Teolocholco y Huamantla, en una gira que hizo por Tlaxcala el pasado 11 de noviembre.
“Sí, porque el día que el procurador lo anunció no había todavía ningún acuerdo ni un consenso, además la Profepa se había comprometido a conseguir la planta que representaban 12 o 13 millones de pesos, pero cuando no pudo conseguir esa planta pues lógicamente que yo no voy a agravar al Estado, entonces (…) yo avalé de que era preferible pagar la multa y nos quitamos de problemas”, explicó en entrevista colectiva, luego de participar en la entrega de apoyos del programa Pensión para Adultos Mayores, de la Sedesol.
Por lo anterior, el mandatario estatal afirmó que para él ese tema “es letra muerta y ya le dimos vuelta a la hoja”, puesto que “de todos modos nosotros seguiremos haciendo los trabajos de reforestación, de (construcción) de presas de gavión, de brechas corta fuego, o sea, todo el trabajo lo vamos a seguir haciendo y vamos a plantar”.
Luego, Mariano González presumió que su administración ha puesto en funcionamiento viveros que el Gobierno federal tenía en el abandono y que hoy generan entre 2.5 y tres millones de árboles que después se utilizan para reforestar zonas erosionadas.
Por tanto, aseveró que la inversión que el Estado haga en materia de preservación de ecosistemas forestales no va a disminuir, solo que no va a estar condicionada a instrucciones de la Profepa como el caso de un acuerdo al que nunca se llegó.
A pregunta expresa, el gobernador sostuvo que el pago de la multa de siete millones de pesos salió de los ahorros que genera su gestión.
“Gracias a que tengo un presupuesto austero, puedo bajar recursos públicos porque casi todos los recursos federales son a través de convenios, hasta del Cecyte y del Cobat, todo lo de agua y drenaje (…), así como en muchos casos del sector agropecuario y de muchos otros programas son peso contra peso y si no tengo ese peso nomás no bajo el dinero federal, gracias a que somos austeros y realistas hemos podido pedir recursos federales con la aportación del estado”, finalizó sobre el tema.