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Martín Díaz Álvarez, a quien se le ha identificado como socio de Amado Yáñez Osuna en Oceanografía y sobre quien pesa una orden de aprehensión, aseguró que la compañía comenzó a recibir contratos de forma “inesperada, irreal e increíble” por la amistad de Yáñez Osuna con Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de Pemex.
De acuerdo con la declaración a la PGR de Díaz Álvarez —cuya copia tiene El Universal—, la empresa tenía graves problemas financieros que le hacían poco atractiva para obtener contratos y que una de sus tareas era precisamente sanearla.
“Todo esto cambió cuando nombraron a su amigo Mario Ávila como subdirector de Pemex y entonces los contratos empezaron a fluir de una forma inesperada, irreal e increíble, donde 100% de la flota con la que se contaba o contrataba directamente por el ingeniero Yáñez Osuna, era puesta en algún contrato de forma inmediata”, dijo según su declaración.
Un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de marzo de este año, describe que Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción, era investigado y se procedería en su contra; también señala a otros altos funcionarios, como Carlos Morales, quien en febrero dejó la misma posición que tenía Ávila Lizárraga.
De acuerdo con la nota del periódico El Universal, otros 18 funcionarios y ex funcionarios de Pemex fueron señalados en el documento del Cisen. Sin embargo, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) insistió en que no hay ni quebranto ni servidores públicos de Pemex involucrados en el caso Oceanografía, la Secretaría de la Función Pública (SFP) admitió la semana pasada a senadores que el daño al erario es de 525 millones de pesos.
Según la declaración de Díaz Álvarez, en esa empresa era sabido que “es totalmente imposible obtener que cualquier cosa se mueva dentro de Oceanografía sin que Amado directamente lo apruebe o lo firme, nada, absolutamente nada”.
El hombre, cuyo paradero se ha mencionado en Miami, Estados Unidos, se defiende en todo momento de lo que ha ocurrido en Oceanografía.
“Tampoco he girado instrucciones de forma directa a ninguno de los titulares de dichas áreas, más allá de haberlo comentado con Amado Yáñez Osuna y ellos haberla visto con él, siempre como sugerencia y con la necesidad de con cierta información para poder lograr los objetivos para los cuales fuimos contratados”.
Añade que “no tengo ni he tenido poderes de la empresa, tampoco tengo firma en ninguna de las chequeras, tampoco he aprobado o desaprobado ningún presupuesto, como tampoco he aprobado ningún gasto en el día a día”.
El 18 de julio pasado, el abogado de Díaz Álvarez dijo a El Universal que su cliente sólo fue un asesor financiero de Yáñez Osuna, por lo que no tuvo injerencia alguna en la obtención de créditos ni firmó documentos, a pesar de las declaraciones del dueño de Oceanografía.
La PGR investiga a Díaz Álvarez como otro de los presuntos responsables del quebranto causado a Banamex por 500 millones de dólares por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y, en su caso, incluso le imputa el cargo de falsificación de documentos.
“Sé que tiene algunos otros negocios, como varios yates que ha comprado específicamente para prestárselos a funcionarios de gobierno que creo que son tres, en adición a ciertos gastos que desconozco, como cuál fue el costo de los equipos de futbol, sí sé que hay un adeudo con el primer equipo de Gallos en Querétaro”, describe en su declaración cuya fecha no se especifica.
El 21 de septiembre pasado, este diario informó que el gobierno devolvió a Yáñez Osuna el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, el 29 de mayo, lo que le facilitó venderlo al día siguiente por medio de una subasta.
La PGR informó que no halló elementos que vincularan a esta propiedad con el fraude que investiga en Oceanografía.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como reservada la información del monto que cobró de impuestos por la venta del club de futbol por razones de “secreto fiscal”.
El SAT agregó que al ser un asunto entre particulares, tampoco informaría cuánto dinero se embolsó Yáñez.
Romero Deschamps tiene récord en averiguaciones previas
El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, tiene un oscuro récord: el mayor número de averiguaciones previas, órdenes de aprehensión y de presentación giradas por jueces, así como demandas laborales y civiles.
En su haber tiene 37 averiguaciones previas, tres órdenes de aprehensión, una de presentación, innumerables litigios personales y demandas colectivas. Entre las acusaciones destacan malversación de fondos sindicales, la falta de rendición de cuentas, desaparición superior a 2.5 billones de pesos del patrimonio sindical, haber vendido o desaparecido ranchos ganaderos, granjas avícolas, fábricas de ropa y calzado, unidades de transporte, centros recreativos y otros bienes propiedad del sindicato, entre otros.
Según otra nota del diario La Jornada, la organización disidente Gran Alianza Nacional Petrolera se dio a la tarea de enlistar todas las órdenes de aprehensión, averiguaciones previas y demandas que se han presentado contra Romero Deschamps y señaló que se puede afirmar que éste es el dirigente sindical contra el que más recursos legales se han interpuesto.
Sin embargo, ningún tribunal ha actuado y hasta fue “protegido” por el PRI, que lo postuló en el número 7 de la lista de candidaturas plurinominales, como senador, para darle fuero e impunidad, según indicó esta organización.
Tiene averiguaciones previas abiertas en 1995, 1996, 1999, y del 2001 a la fecha, seguidas tanto por la Procuraduría General de la República, como por la General de Justicia del Distrito Federal. En algunas se involucra la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y en otras, incluso, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pues se acusó al dirigente de apoyar campañas políticas con recursos del sindicato.
Hay incluso 12 averiguaciones acumuladas en un solo expediente, el SC77463/95-96, que se refiere a acusaciones por malversación de fondos sindicales.
La información de la disidencia indica que la PGR le giró orden de presentación a Carlos Antonio Romero Deschamps para abundar la averiguación previa AP/2020/PGR/12 por el presunto delito de peculado e inexplicables compras excesivas de bienes inmuebles, con un costo 200 millones de pesos.
En tanto, las órdenes de aprehensión giradas por distintos jueces, como el decimotercero de distrito de procedimientos penales federales en el Distrito Federal, fueron por la venta de bienes sindicales, supuestamente de manera ilegal. Nunca se le han aplicado dichas órdenes, puntualiza esta organización.
La Gran Alianza Petrolera, que encabeza Jorge Fuentes, también precisó que se presentó una demanda colectiva en 2010, por falta de rendición de cuentas, presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) folio 10054, ya que vendió ranchos, empresas y bienes muebles e inmuebles del sindicato, pues el producto de dichas operaciones comerciales no se rindió a los trabajadores.
Además, se han presentado demandas en tribunales laborales por cuatro procesos de reelección ilegales. Entre ellos, la reelección de 2005, cuando “llevó a cabo una convención extraordinaria simulada y amañada e hizo una reforma a diversos artículos de los estatutos internos para mantenerse seis años más”. Esta es la más mencionada, porque dicha convocatoria la hizo 15 meses antes de terminar el cuarto periodo y violó, según los disidentes, 134 artículos de sus estatutos internos para mantenerse en el cargo.
Según refieren, en 2003, el juez José Luis Moya Flores le dictó a Romero Deschamps dos autos de formal prisión en las causas penales 106/2003 y 107/2003 por los delitos de peculado simple y peculado electoral, los cuales no se concretaron.
En 2006 el dirigente sorprendió al IFE al cambiarse de nombre y recuperar sus derechos políticos, suspendidos por el juez Moya Flores, anexándose el nombre de “Antonio” para así ser incluido en la lista para senadores del PRI.
En 2012 celebró reuniones con dirigentes del PRI para ser postulado para las plurinominales del partido en el Senado y consiguió la curul.
El 20 de octubre de 2012 celebró otra “convención amañada” y fue postulado como secretario general, ahora para el periodo 2012-2018. Todo de manera ilegal, reitera esta organización, que cuestiona: “¿quién está protegiendo a Romero Deschamps desde arriba para que sea intocable?”