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  • Gerardo Santillán
Para senadora Adriana Dávila, MGZ debe una explicación pública. Para Morena, May debe ser destituido

Mientras el líder estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró ineludible la destitución de Orlando May Zaragoza Ayala como titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la senadora panista Adriana Dávila Fernández, sostuvo que a partir del involucramiento de policías acreditables en el delito de secuestro “queda la duda de qué tipo de funcionarios tenemos”.

A propósito de la detención del exdirector de la Policía Estatal Acreditable (PEA) y otros elementos que cometieron varios secuestros exprés en Apizaco y Huamantla, Flores Bonilla consideró necesario que Zaragoza Ayala sea cesado del cargo para que se someta a una investigación transparente sobre el caso.

En conferencia de prensa, manifestó que debe existir justicia sin importar quien sea y el puesto que tenga dentro del aparato gubernamental el que resulte responsable por el delito de secuestro, pues solo esa será “la manera de poder tener confianza sobre un gobierno”.

“Esa es la vía para que haya credibilidad, para que tengamos esa seguridad de que hay agentes policiales que en lugar de extorsionarnos o de buscar un beneficio nos estén protegiendo de verdad”, dijo.

Y es que, desde su punto de vista, hasta el 70 por ciento de las administraciones gubernamentales en el país han sido infiltradas por la delincuencia y la corrupción, de ahí que el asunto debe investigarse a fondo y no quedarse como un hecho aislado.

Por su parte, Adriana Dávila lamentó que hoy no haya certeza en Tlaxcala de “hacia dónde vamos” en materia de seguridad, lo que agrava la situación de la administración pública estatal que no genera condiciones de empleo, apoyos a adultos mayores, mujeres y otros rubros.

Por ello, demandó que sea el propio gobernador Mariano González quien explique  cuál es su responsabilidad, pues si bien no es el titular de la Secretaría de Gobierno, de la Comisión Estatal de Seguridad ni de la Procuraduría General de Justicia, “sí es el responsable del Estado y tendría que saber” qué pasó.

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