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Tlaxcala, Tlax., 29 de Enero de 2015.Con la finalidad de establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, que participen en contrataciones públicas ya sean de carácter estatal o municipal, así como contribuir a erradicar la corrupción, la legisladora Patricia Zenteno Hernández, dio lectura a la iniciativa para crear la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Tlaxcala.
En la propuesta dada a conocer, Zenteno Hernández subrayó la necesidad de adecuar el marco normativo local con las disposiciones emanadas de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, aprobado en 11 de junio de 2012, al crear una ley que garantice la transparencia y eficacia en los procedimientos que en materia de contrataciones públicas se desarrollen en el Estado, misma que fortalecerá al sector público, ya que sus decisiones tendrán un respaldo de legitimidad y legalidad, certidumbre al sector privado de que podrá participar en los procesos de contrataciones públicas dentro de un marco de competencia leal; y a la población tlaxcalteca la certeza de que sus necesidades sociales serán cubiertas con bienes y servicios públicos adquiridos en las mejores condiciones de mercado.
Este ordenamiento, abundó se busca cubrir el hueco que existe en nuestra legislación interna, misma que solamente prevé y ataca la corrupción en el ámbito de los servidores públicos, sin embargo en el ámbito de los particulares sólo tipifica actos de corrupción como delitos, hechos que son muy difíciles de probar y, consecuentemente, de sancionar, por lo que en la presente ley se consideran sujetos de la misma a cualquier persona, mexicana o extranjera, o terceros que representen el mismo interés, que intervengan en contrataciones públicas ya sean de carácter estatal o municipal (adquisiciones, arrendamientos, servicios; otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público), se tipifican conductas irregulares (infracciones administrativas) y se prevén sanciones a dichas conductas, así como los procedimientos de investigación y sanción necesarios para su aplicación
En otro orden de ideas los legisladores Julio César Hernández Mejía y Tomás Federico Orea Albarrán, presentaron la iniciativa para adicionar la fracción XII al artículo 48 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala. En la misma se propone que el servicio de autotransporte de pasajeros se preste en vehículos con una antigüedad de hasta 15 años.
Lo anterior, se dijo tiene como el propósito homologar la normatividad local con la federal y con la de otros estados de la República cuyas legislaciones establecen como limite 15 años de antigüedad de los vehículos destinados al autotransporte de personas, tal es el caso de los Estados Veracruz, el Distrito Federal y Puebla.
Se insiste en el hecho de homologar la antigüedad de los vehículos con la que establece la norma federal en virtud de que en días recientes el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manifestó que el cambio de placas que se está llevando a cabo en estas fechas, tiene como fundamento una norma federal. Con base en esta postura del Gobierno Estatal, cuyo actuar tiene como base una norma federal, es que la presente iniciativa solo pretende ajustarse a la legislación federal de autotransportes, que es de quince años.
Asimismo, por mayoría de votos, el Pleno Legislativo aprobó la dispensa de lectura de las iniciativas por la que solicita al gobernador del Estado, la comparecencia del Secretario de Gobernación, de la Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública, así como a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Congreso, haga las investigaciones a los elementos policíacos caídos, y por las que se declara los días 26 de cada mes del año como “Día en demanda de justicia para los Jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero y sus familias, mismas que en sesión del día 22 enero del año en curso en el punto de asuntos generales, por las diputadas Evangelina Paredes Zamora y Eréndira Jiménez Montiel, respectivamente. Las mismas se turnaron a la Junta de Coordinación y Concertación Política.
Cabe mencionar que la iniciativa de la diputada Zenteno Hernández, se emitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, mientras que la propuesta de los legisladores Julio César Álvarez García y Tomás Orea Albarrán, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la de Comunicaciones y Transportes, ambas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.