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Por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó el pasado 23 de enero a la Procuraduría General de la República (PGR) que ejercitara acción penal en contra del ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su involucramiento en operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo la institución no procedió contra el ex mandatario.
Sí, en cambio, lo hizo contra la red de ex funcionarios públicos de esa entidad que participaron junto con Aguirre Rivero en triangulaciones que sirvieron para ocultar el desvío de más de 287 millones de pesos de recursos estatales y federales que estaban destinados a la construcción de obras públicas.
De hecho, esa denuncia de la UIF fue la base para la aprehensión del hermano del ex gobernador, Carlos Mateo, su sobrino Luis Ángel y seis miembros de la familia Hughes.
Sin embargo, en la petición de la Unidad de Inteligencia Financiera se menciona a otro de los Aguirre Rivero, Floriberto Rafael, así como a la cuñada de Ángel Heladio, Ana María Zavala Barros.
De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, la querella menciona que de marzo a mayo de 2011, la empresa Comercializadora 2003 SA de CV destinó 25 por ciento de sus ingresos a personas físicas y en ‘‘específico’’ al ex gobernador guerrerense.
Esta empresa, que es nodal en el entramado, ‘‘no contaba con ningún empleado’’, y el destino de mucho dinero se desconoce, pues se retiraba en efectivo de los bancos.
Aguirre Rivero fue candidato a gobernador por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN); gobernó Guerrero de abril de 2011 al 26 de octubre de 2014, fecha en la que se vio obligado a renunciar tras el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En el documento de las autoridades hacendarias, el ex mandatario es señalado como cabeza del grupo que desvió a cuentas personales dinero del erario a través de las empresas Comercializadora 2003 SA de CV y Constructora Trabesa SA de CV. Del grupo, hasta el momento sólo están detenidos nueve, mismos a las que ya se les decretó el auto de formal prisión.
Asimismo, en el oficio 110/F/B/0096/2015, firmado por Rodrigo González Bolaños, director general de Procesos Legales ‘‘B’’ de la Unidad de Inteligencia Financiera, se menciona que en la posible comisión de delitos se registraron operaciones atípicas desde enero de 2011, durante la campaña del candidato de PRD-PAN, hasta octubre de 2014.
El diario La Jornada posee copia de la denuncia interpuesta el 23 de enero del presente año, en la cual se hace una descripción de los implicados, las operaciones y cómo era Ángel Heladio Aguirre Rivero el que tenía el control de dicha red.
Menciona cronológicamente que, por ejemplo, ‘‘se identificó que recibió recursos el 25 de enero de 2011 a través del cheque pagado número 613 de la cuenta 0148121443 de BBVA Bancomer, de Comercializadora 2003 SA de CV, por la cantidad de un millón de pesos’’.
El cheque, indica la denuncia de la UIF, fue cobrado en efectivo el día 25 de enero de 2011; en ese entonces, Aguirre era candidato a gobernador.
Ángel Aguirre asumió el cargo de titular del Ejecutivo local y ‘‘designó a Víctor Ignacio Hugher Alcocer subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración’’, quien tenía ‘‘vínculo corporativo con las empresas Comercializadora 2003 SA de CV y Constructora Trabesa SA de CV’’.
Asimismo, Aguirre Rivero otorgó cargos a otros integrantes de la familia Hughes Acosta, además de Wilbert Carreto Mayo y Luis Ángel Aguirre Pérez.
‘‘La distribución de puestos (...) le permitía (se refiere al ex gobernador) tener el control de todos aquellos puntos de relación de las personas morales Comercializadora 2003 SA de CV y Constructora Trabesa SA de CV, pues cubrió la asignación de los contratos, la ejecución de las obras públicas y el manejo de los recursos con personas de su confianza’’, sin que existiera justificación para ello.
La denuncia presentada por la UIF, que consta de 326 páginas, señala que ‘‘en el lapso de marzo a mayo de 2011 (Comercializadora 2003) registró depósitos por 52 millones 81 mil 561 pesos y retiros por 54 millones 589 mil 981, persona moral que destina 25 por ciento de dichos recursos a diversas personas físicas, en específico a Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien en ese entonces era candidato electo al gobierno del estado de Guerrero’’.
Insiste: ‘‘Operaciones las cuales no encuentran justificación, pues no existe un vínculo comercial entre las personas que se efectúan, amén de que respecto a dicha empresa se declaró que no contaba con empleados’’, señala la UIF en la página 24 de la denuncia.
Pacto de personas morales
En suma, la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera refiere que de enero de 2011 a octubre de 2014, ‘‘las personas morales pactaron contratos de obra pública con el estado de Guerrero y recibieron recursos federales y estatales por una suma total de mil 99 millones 310 mil 916 pesos.
‘‘(...) Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa entregaron a los sujetos identificados como ex servidores públicos, la cantidad de 189 millones 27 mil 694 pesos, y asimismo Comercializadora 2003 transfirió un monto de 52 millones 295 mil 586 pesos a familiares de algunos miembros del primer grupo’’, identificando así al círculo familiar y de amistades del ex gobernador de Guerrero, ‘‘sin que en ninguno de los casos exista una justificación aparente para tales pagos’’.
La indagatoria señala que el ex mandatario recibió ilegalmente un millón de pesos: su hermano Carlos Mateo, quien se desempeñó como coordinador general del Ejecutivo estatal del gobierno de Guerrero y delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Morelos, recibió 31 millones 941 mil 700 pesos.
Floriberto Rafael Aguirre Rivero (hermano del ex gobernador) fue beneficiario de transferencias provenientes de la empresa Comercializadora 2003 SA de CV por 8 millones de pesos; Luis Ángel Mateo Aguirre, sobrino del ex mandatario, 10 millones 420 mil, y Ana María Zavala Barros, cuñada de Ángel Aguirre Rivero, 20 millones de pesos.
Hasta el momento, los detenidos son: Carlos Mateo Aguirre Rivero, Luis Ángel Aguirre Pérez, Paulo Ignacio Hughes Acosta, Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Jorge Eduardo Hughes Acosta, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, Henry Paul Hughes Alcocer y Víctor Felipe Hughes Acosta.
Peña defiende ante diputados a la PGR por caso Ayotzinapa
El presidente Enrique Peña Nieto descartó posibles omisiones de las autoridades federales que participan en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
“Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR (…) en lo que respecta a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas. Por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”, señaló en un documento de 130 cuartillas entregado a la Cámara de Diputados según se informa en otra notad el diario 24 Horas.
En el apartado de política interior, el jefe del Ejecutivo federal le respondió al PRD que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece el tipo penal, por lo que “no se considera que exista omisión alguna”, advirtió.
Sin embargo, subraya que “la Procuraduría General de la República no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de desaparición forzada y muestra de ello, es la obtención de una orden de aprehensión por este delito librada en contra de 5 policías municipales”, de un total de 74, hoy arrestados.
Ayer, el Presidente respondió de forma escrita a las 44 preguntas que formularon legisladores federales en el marco del segundo informe de gobierno que entregó Peña Nieto el 1 de septiembre del año pasado.
Enrique Peña también descartó que los integrantes del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, Guerrero, haya tenido omisión o participación en la comisión de los delitos que se cometieron aquella noche del 26 de septiembre.
“La 27/a. Zona Militar no tiene responsabilidad en el municipio de Iguala, siendo la 35/a. Zona Militar quien tiene a cargo esa área. Dentro de las funciones de coordinación del operativo en general, en la Operación Conjunta Guerrero Seguro, la coordinación de acciones recae de manera colegiada en el pleno del grupo de coordinación Guerrero”, expresó.
“La actuación de las dependencias en materia de seguridad pública es acorde al ámbito de competencia de cada una, siendo la del personal militar en coadyuvancia de las autoridades civiles que tienen a su cargo esta función, ponderando la actuación conjunta de las fuerzas en todas las operaciones que se efectúen”, explicó.
Caso Iguala motivó reforma para mando único
Al entregar respuesta a las interrogantes de los diputados federales el presidente Enrique Peña Nieto reveló que la reforma constitucional sobre el mando único policial para todo el territorio nacional fue motivada por el asesinato de tres personas y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala.
“Se propuso un nuevo esquema de organización policial para garantizar la existencia de corporaciones confiables, profesionales y capacitadas en todo el territorio nacional”, expuso.
Peña Nieto recordó que los actos de violencia acontecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre, “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales, han generado la indignación de todos los mexicanos”.
“Ante ello, el gobierno de la República comparte la exigencia de justicia y se ha dado a la tarea de redoblar esfuerzos para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el país”, por lo que recordó la implementación de un marco donde actúa la federación, a través, de la Comisión Nacional de Seguridad, expresó.
Advirtió que Guerrero será una de las cuatro primeras entidades en las que operará el nuevo modelo de Policía Estatal con Mando Único, si es que lo aprueba el Congreso de la Unión.