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Con la rebelión de siete partidos políticos a cuestas, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, admitió que es complejo gobernar ese organismo por su diseño legal aunado a su falta de credibilidad.
De acuerdo con una nota del diario La Jornada, los siete partidos que se levantaron de la mesa del Consejo General del INE anunciaron ayer que no participarán en las comisiones y en el Comité de Radio y Televisión hasta nuevo aviso. Dicho comité sesionó con siete sillas vacías.
También presentarán un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial en contra de la negativa de un bloque de seis consejeros –a quienes el día anterior acusaron de seguir la línea del PRI– de debatir dos acuerdos que obligan desde el presidente hasta los delegados a ser imparciales en el uso de los recursos públicos, lo mismo que en el ejercicio de programas sociales.
Aunque Córdova anunció ayer que dichos puntos ya fueron incluidos en el orden de la sesión del miércoles, el representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate, señaló que exigirán discutirlos puntos en una sesión programada ex profeso. Perfilaron dicha estrategia en la colonia Roma.
Un día antes, en la reunión con los representantes partidistas, el consejero presidente reprochó al perredista Pablo Gómez y al senador del PAN Javier Corral la responsabilidad de sus partido en que haya una mayoría afín al PRI en el Consejo General (prohijada por el Pacto por México). También les hizo ver que ellos definieron en la ley que los nombramientos se den con una mayoría de ocho votos.
Cuestionado sobre la responsabilidad de los partidos políticos en el diseño de la institución, Córdova respondió: “Gobernar una institución, si se me permite, conducir –corrijo– una institución como el INE es complejo por el diseño legal”.
También admitió, luego de inaugurar unas mesas de distritación electoral, que el instituto vive de la credibilidad pública, y “somos los primeros conscientes que estamos con un déficit de credibilidad que tenemos que ir reconstruyendo”, actuando conforme a la ley y tomando decisiones.
Ofreció dialogar con los siete partidos políticos que abandonaron la sesión del Consejo General como muestra de “insatisfacción” porque no se han detenido las violaciones legales del Partido Verde y hay un dudoso proceso de fiscalización, pero advirtió que no decidirán las líneas de conducción del instituto.
“No podemos menospreciar el planteamiento de siete de diez partidos políticos, pero tampoco podemos en automático asumir que son siete partidos los que van a decidir las líneas de conducción o de decisión del propio Instituto. En eso radica la independencia y la autonomía también de la propia institución; no es solamente respecto de otros órganos de gobierno, sino también respecto de los propios partidos políticos”.
Criticado un día antes por PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Humanista y Encuentro Social por no definir el nombramiento del titular de la Unidad de Fiscalización y mantener como encargado del despacho al polémico Alfredo Cristalinas, comentó que hará su “chamba” para conseguir los votos que requiere y lo mejor para el instituto.
–Pero entonces ¿mantener a Cristalinas es lo mejor hasta el momento?
–No he dicho eso, y no lo he negado.
Sobre los acuerdos que provocaron la discordia cuando el consejero Marco Antonio Baños, apoyado por otros cinco, logró su aplazamiento, manifestó su deseo de que se aprueben como ocurrió en 2012 y 2009, porque “no son llamados a misa”, en alusión a lo dicho un día antes por el representante del PRI, José Antonio Hernández Fraguas.
Cierra TEPJF caso Monex relacionado con Peña Nieto
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerró ayer el caso de las tarjetas Monex, mediante las que, se acusó, la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto se habría financiado de manera irregular y habría incurrido en compra y coacción del voto.
Por unanimidad, los magistrados resolvieron que el PRI no incurrió en financiamiento paralelo, no recibió recursos de origen ilícito y no realizó compra y coacción del voto con esos monederos electrónicos.
Empero el TEPJF dio la razón parcialmente al PRD al ordenar al INE reclasificar 6.8 millones de pesos y valorar si algunos deben reclasificarse en campañas del proceso electoral federal o comicios del DF o Jalisco, en donde el PRI admitió haber pagado, vía Monex, 16 millones de pesos.
En enero, el Tribunal resolvió un bloque de juicios promovidos por el PRD respecto al uso de tarjetas de Soriana y otras para la compra y coacción del voto, aportaciones mercantiles prohibidas por la ley y rebases de topes de campaña, lo cual fue desestimado.
En la sesión de ayer, la magistrada María del Carmen Alanís concluyó que “no se prueba financiamiento paralelo ilícito a través de Monex para dispersar recursos para beneficiar la campaña del entonces candidato de la coalición ni para compra y coacción del voto”.
“Lo que está acreditado en autos es que (el recurso) tuvo un origen lícito y un destino lícito”, indicó el magistrado Flavio Galván; “el origen del dinero es claro”, señaló por su lado el magistrado Pedro Esteban Penagos según otra nota del periódico El Universal.
Mientras, el magistrado presidente del tribunal, José Alejandro Luna Ramos, estableció que “se validan las líneas de las diligencias del entonces IFE sobre el origen y esquema de tarjetas prepagadas emitidas por Monex”.
En sesión pública que concluyó en la madrugada de ayer, el pleno del TEPJF analizó el caso Monex, que data de 2012, a raíz de recursos del PRD y el PAN, y confirmó la decisión del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), que en 2013 rechazó no imponer al PRI una multa por 75 millones de pesos, pero le ordenó hacer una modificación.
El TEPJF acreditó que el PRI contrató con Monex el servicio de dispersión de recursos a través de siete mil 851 tarjetas, en las que depositó y distribuyó 66 millones 326 mil 300 pesos a su estructura: coordinadores territoriales, enlaces distritales y enlaces estatales.
Para fondear las tarjetas el PRI firmó contrato de préstamo con Alquino Servicios y Calidad, por 66.3 millones de pesos y un interés mensual de 3%.
El magistrado Constancio Carrasco, ponente del caso, explicó que existen constancias del vínculo contractual, con lo cual se desacreditó que la empresa hubiera donado recursos al PRI —como se acusó—, lo que sí hubiera sido financiamiento ilegal.
En total mediante esas tarjetas hubo flujo por 50.1 millones de pesos, de los cuales 16 millones de pesos se consideraron gastos de campaña estatal.
Pero entre mayo y julio de 2012, la suma total se elevó a 57.3 millones de pesos, es decir seis millones 800 mil pesos que sin “ninguna justificación” se consideraron por el IFE como gasto ordinario, expuso el magistrado Manuel González Oropeza.
Del recurso del PAN el TEPJF determinó que presentó argumentos generales y no pruebas de compra y coacción de voto, por lo que no se acreditó un solo caso.
El presidente del tribunal electoral, José Alejandro Luna Ramos, deslindó a ese órgano de haber retrasado la resolución, dado que el caso de las tarjetas Monex lleva dos años.
“Los tiempos judiciales no se guían por los vaivenes políticos, es decir, no se trata de una demora”, aclaró.