- Chiautempan
Como parte de las políticas públicas de prevención del delito, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutó un operativo interinstitucional de revisión en el tianguis de Chiauteman, y aseguró auto partes, celulares y sus accesorios, cuya propiedad no pudo ser acreditada. Además, durante las inspecciones algunos comerciantes se opusieron y lesionaron a dos elementos de la Policía de Investigación y a un Agente del Ministerio Público.
La mañana del 8 de marzo, la PGJE en coordinación con el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh) desplegaron un operativo en el tianguis dominical de Chiautempan, que se ubica a un costado de la carretera federal Vía Corta.
Durante las inspecciones que tuvieron la finalidad de que los comerciantes acreditaran la propiedad de autopartes, equipos de telefonía y sus accesorios, resultaron lesionados dos oficiales de la Policía de Investigación y un Agente del Ministerio Público, toda vez que algunos tianguistas se opusieron a las revisiones.
Por lo anterior, la PGJE inició tres Averiguaciones Previas, la primera por lesiones en contra de tres elementos de la institución, otra por el robo de un celular y un radio matra, y una tercera por los objetos que se decomisaron.
Cabe mencionar que la indagatoria quedó abierta para que los comerciantes puedan acudir a la PGJE a acreditar la propiedad de los objetos y así se les devuelvan, ya que en el lugar no contaban con la documentación necesaria.
Sin embargo, por el incidente el operativo interinstitucional se suspendió en ese lugar pero continuó con revisiones aleatorias a vehículos y personas sobre la carretera Vía Corta Santa Ana Chiautempan-Puebla, a la altura del municipio de Acuamanala, sin que se registrara ninguna novedad.
Estas acciones de revisión se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para sustentar el desarrollo del Estado, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.