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En el contexto de Tlaxcala, los grupos de población analizados en el Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos tienen definidas garantías específicas que las instancias públicas deben garantizar.
En el caso del grupo poblacional de las niñas, niños y adolescentes, sus principales derechos que se deben cubrir son la educación, alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Las mujeres, una vida libre de violencia, acoso sexual y laboral, así como salud. Al sector de las personas víctimas de trata de personas, requieren atención integral a las secuelas. Mientras que a quienes fueron privadas de su libertad, exigen el cumplimiento de un debido proceso para lograr justicia.
El grupo de los migrantes necesitan acceso a los derechos de integridad física, salud y tránsito libre. Las comunidades indígenas, garantizar su identidad, libertad de lengua y respeto a sus usos y costumbres.
Por su parte, la Comunidad LGBTTTI exige la no discriminación. Las personas con discapacidad, acceso laboral, no discriminación y salud. En tanto que las personas adultas mayores requieren garantí de alimentación y salud.
El eje central del Diagnóstico Estatal de DH presentado la víspera por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cargo del ombudsman Francisco Mixcoatl Antonio, es el análisis de los derechos humanos conforme a cada grupo de población, desde el enfoque del cumplimiento de las obligaciones locales, nacionales e internacionales.
En este caso, se revisó e cada caso el contexto local, las instituciones, programas y políticas públicas, las quejas y recomendaciones de la CEDH y la información de organismos civiles.
Pero desde la perspectiva de la seguridad humana, su derecho primordial es a un medio ambiente sano, al agua, a la vivienda, a la educación, al trabajo y la salud. Desde las perspectiva de la vida democrática, se vislumbran los derechos que influyen en el quehacer diario de quienes forman parte de las estructuras organizacionales y tienen que ver con el derecho a la igualdad y la no discriminación, libertad de expresión, acceso a la información, derechos de petición, entre otros, mientras que en lo que se refiere a la justicia los derechos son a la seguridad, integridad y libertad personales, acceso a la justicia, debido proceso y derechos de las personas privadas de su libertad en centros de reclusión.