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Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento complementario de la reforma constitucional en la materia, que establece las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y adiciona a nuevos sujetos obligados a entregar información y rendir cuentas.
Por una amplia mayoría, el Senado determinó que cualquier autoridad, organismo público, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y los tres Poderes de la Unión, estarán obligados a transparentar el uso de recursos públicos que les sean destinados y a rendir cuentas sobre su aplicación.
En el caso de los fideicomisos, las nuevas disposiciones permitirán abrir 352 fondos, que manejan unos 452 mil millones de pesos.
La nueva ley ordena a todos los sujetos obligados -los tres poderes de la Unión y todos los órdenes de Gobierno- a contar con un comité de transparencia para determinar la apertura o resguardo de datos.
0Sin embargo, en 11 áreas, entre ellas la PGR, el Cisen, la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFT, sus titulares conservarán la facultad exclusiva de reservar información bajo la premisa de seguridad nacional, según se informa en otra nota del periódico Reforma.
"Estas unidades administrativas no estarán sujetos a autoridad de los comités de transparencia, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad", establece el artículo 43.
Sin embargo, particularmente en lo que se refiere al Poder Legislativo, se acordó de último momento añadir un artículo Décimo Tercero Transitorio, en el que se le permitirá al Congreso de la Unión cumplir con esta enmienda hasta el mes de agosto de 2015, mes en el cual se deberá transparentar los recursos destinados a los grupos parlamentarios; la información relativa a ingresos, prestaciones, apoyos en dinero y en especie que reciben los legisladores; su régimen laboral; así como las reglas relativas al uso y administración de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales.
De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, al discutir el proyecto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales (PVEM), habló sobre las bondades de la nueva legislación y destacó cómo uno de los mayores avances, la ampliación del catálogo de sujetos obligados a transparentar los recursos que les son asignados. Ello consideró, es un paso fundamental para que las instituciones recuperen su credibilidad.
“Estamos convencidos que un factor determinante para que la ciudadanía pueda recobrar la confianza en las instituciones, es sin duda la transparencia. La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para el combate a la corrupción”, asentó.
En ello coincidió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez. El legislador independiente, subrayó que a través de esta ley se hará pública la información relativa al manejo de recursos, instrumentación de las políticas y programas públicos, detalles sobre contratos y convenios celebrados por las dependencias públicas, tabulador de salarios y prestaciones, así como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de adquisiciones u obras públicas.
En el ámbito sindical –destacó- se hará pública la información relativa a los recursos públicos que administren o reciban los sindicatos, además de aquella información vinculada con el padrón de afiliados, los contratos colectivos de trabajo y mecanismos de contratación.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar (PRI), afirmó que se logró concretar “una ley de avanzada”, que cambiará la forma de hacer política. “La administración pública va a dejar de ser una caja de sorpresas. A partir de hoy, esa caja se va a abrir a todos los mexicanos. Se garantiza a los ciudadanos el acceso pleno a un ejercicio fundamental como es la transparencia que consolida la democracia y a una sociedad informada que tomará mejores decisiones”, manifestó.
A más de un mes de haberse vencido el plazo constitucional para que el Congreso aprobara la legislación secundaria de la reforma en materia de transparencia, finalmente el Senado aprobó en lo general este proyecto. Hasta el cierre de esta edición los senadores continuaron la discusión de los artículos reservados.
La corrupción en México es endémica
La corrupción en México es endémica en todos niveles de gobierno y de la sociedad, por lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos urge al gobierno mexicano a combatir este problema, pues es un elemento que habilita el lavado de dinero y otros delitos conexos.
De acuerdo con otra nota del periódico El Universal, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado envió ayer al Congreso estadounidense dos reportes sobre las estrategias para combatir el tráfico de drogas y el lavado, en los que hace una radiografía por país de estas problemáticas.
“La corrupción es el impulsor del lavado de dinero y de sus delitos derivados. La corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano. El gobierno de México debe combatir la corrupción”, advierte el reporte.
Si bien el gobierno de EU reconoce la labor de las autoridades mexicanas para desmantelar y combatir las organizaciones criminales transnacionales, reformar su sistema judicial y penal, fortalecer su policía y atender los problemas del lavado de dinero, la estrategia debe continuar siendo bilateral, por lo que ambas naciones apuestan por una cooperación a fin de ayudar y capacitar a las instituciones federales mexicanas para construir fuerzas estatales y municipales.
“Estados Unidos continuará también con programas para frenar su propia demanda doméstica de droga e inhibir el flujo de armas y dinero ilegales hacia México”, indica.
Los reportes destacan que México es uno de los principales productores de drogas y tránsito de las mismas, cuyo mayor mercado es el de Estados Unidos. Las ganancias del comercio ilícito de drogas en el país vecino es la principal fuente de fondos lavados en el sistema financiero mexicano.
Otras fuentes significativas de lavado en México incluyen la corrupción, los secuestros, la extorsión, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, el tráfico humano y de armas.
“Los sofisticados y bien organizados grupos de tráfico de drogas instalados en México toman ventajas de la extensa frontera México-Estados Unidos, de los importantes flujos de remesas, de la proximidad de los países centroamericanos y del alto volumen de comercio legal para ocultar las transferencias ilícitas a México”, indica el documento.
El Departamento de Estado destaca que el contrabando de grandes cargamentos de moneda estadounidense hacia México y la repatriación de fondos hacia Estados Unidos vía correos o vehículos blindados siguen siendo las técnicas de lavado de dinero más usadas.
Además, los ingresos de los narcotraficantes son lavados mediante variaciones en los métodos de comercio, particularmente desde que México puso restricciones sobre depósitos en dólares estadounidenses.
“En 2010 el gobierno de México implementó regulaciones que limitan la cantidad aceptada de dólares en efectivo para depósitos. Estas medidas redujeron sustancialmente el monto de dinero repatriado a Estados Unidos a través del sistema financiero formal. Luego en junio de 2014, México revisó las restricciones para los dólares. El impacto de esta revisión todavía está por determinarse”, puntualiza.
Grupo Higa perdió dinero con venta de casa a Luis Videgaray
El diario estadunidense The Wall Street Journal informó que Grupo Higa “perdió dinero”, en términos reales, con la venta de la casa de Malinalco, Estado de México, que hizo al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Vidagaray.
En una nueva publicación, el diario aporta “nuevos detalles de la polémica venta”. De acuerdo con los registros de las escrituras, el empresario Juan Armando Hinojosa vendió la propiedad en octubre de 2012 al mismo precio que la adquirió 10 meses antes y sin ajustar su valor a la inflación, lo que “socavaría las afirmaciones de Videgaray de que la operación se realizó a precios del mercado”.
Según otra nota del diario Milenio, los archivos de escrituras muestran que en diciembre de 2011, la firma Bienes Raíces H&G, de Hinojosa, pagó 7.5 millones de pesos por la casa ubicada a las afueras del municipio de Malinalco, ubicada en un campo de golf.
Diez meses después, la empresa vendió una propiedad de 15 mil metros cuadrados a Videgaray por la misma cantidad.
“El anterior propietario de la vivienda pagó 1.1 millones de pesos por la casa en 2000 y la vendió a Bienes Raíces H&G por una ganancia de 6.4 millones de pesos, según los registros de la propiedad”, aclaró la publicación.
El pasado 11 de diciembre, el diario estadunidense informó que Videgaray compró la propiedad; en respuesta, el funcionario declaró por escrito que “no hubo conflicto de interés…cuando se hizo el trato, yo no era funcionario público, estuvo dentro de los parámetros del mercado”.
Al momento de la transacción, Videgaray era el coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y recibió un crédito hipotecario por 532 mil dólares a pagar en 18 años, pero el secretario de Hacienda liquidó el crédito en enero de 2014.
El pasado 3 de febrero, Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública con la encomienda de que se le investigará a él, a su esposa Angélica Rivera y a Videgaray.