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A seis meses de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha podido acreditar el delito de desaparición forzada a cinco de los 99 detenidos que suman a la fecha.
De acuerdo con una nota del periódico El Universal, los abogados defensores de los inculpados combaten las acusaciones: al menos una decena apeló el inicio del juicio en su contra, entre ellos, los tres principales autores materiales.
Todo ello augura un largo proceso antes de que los jueces emitan un fallo definitivo.
En el caso judicial con el mayor número de detenidos del que se tenga registro, han transcurrido 173 días en que la PGR atrajo la investigación. Hasta el momento, la dependencia únicamente ha podido acreditar cargos por delincuencia organizada, secuestro, y en algunos, como el del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, homicidio calificado, según consta en las causas penales.
Al revisar el estatus de los expedientes abiertos contra los inculpados, El Universal detectó que según la causa penal 100/2014, el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México encontró evidencias y dictó el auto de formal prisión contra el ex edil Abarca, quien aunque presentó un amparo contra las acciones en su contra, éste fue desechado, y sigue sujeto a proceso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Abarca Velázquez, detenido el 4 de noviembre en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, es identificado como quien ordenó a los policías municipales de Iguala interceptar a los normalistas para que no sabotearan un evento de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó formal prisión a María de los Ángeles, por delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero [causa penal 150/2014].
La mujer recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit, es considerada la principal operadora de actividades delictivas en Iguala e integrante de la organización criminal Guerreros Unidos; algunos de sus miembros declararon que ella es la autora intelectual, junto con su esposo, del ataque y desaparición de los 43 normalistas ocurrida entre los días 26 y 27 de septiembre.
A ella se le relaciona con el cártel de Los Beltrán Leyva, en el que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de dicho cártel.
Recluido en el penal de El Altiplano, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, recibió el auto de formal prisión del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
En su declaración ante el Ministerio Público dijo que recibían del presidente municipal de Iguala entre 2 y 3 millones de pesos, de los que utilizaban 600 mil pesos para controlar a los policías municipales.
Todos ellos han solicitado en algún momento recursos como el amparo para frenar alguna parte del proceso, pero no han prosperado.
Entre los casos en los que el proceso no camina, ya que los presuntos responsables apelaron el auto de formal prisión que dictó el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, está el de Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo.
De acuerdo con la causa penal 1/2015, Rodríguez Salgado, detenido el pasado 16 de enero en Morelos, es acusado por delincuencia organizada y secuestro, tras ordenar fracturar los restos de huesos calcinados de los normalistas en el basurero de Cocula para luego depositarlos en bolsas, aunque él rechazó los cargos ante el juzgado.
Señalados como autores materiales de la desaparición de los normalistas, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, Agustín García Reyes, El Chereje, también apelaron la formal prisión por el delito de secuestro, y tratan con este recurso echar por tierra la acusación de la PGR.
La dependencia aseguró que estos tres sujetos fueron clave en la investigación, ya que según sus declaraciones, los normalistas fueron quemados con diesel, gasolina, llantas, leña, plástico y todo lo que estuviera al alcance para mantener el fuego a una temperatura de mil 600 grados centígrados.
Los policías municipales de Iguala que tramitaron la apelación, en un intento por obtener su libertad, son Matías González Domínguez, Justo Neri Espinosa, Esteban Ocampo Landa, Jesús Ricardo Barrios Villalobos y Agustín Cuevas Bello.
Según la causa penal 1/2015, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros encontró elementos suficientes para sujetarlos a proceso por delincuencia organizada y secuestro, aunque su defensa rebatió el fallo.
Aunque algunos de los inculpados que están bajo proceso no apelaron la formal prisión, en este caso están César Nava González, subdirector de la policía de Cocula y Raúl Núñez Salgado, El Camperra, operador financiero de Guerreros Unidos, acusados por delincuencia organizada.
Tampoco apelaron los policías municipales de Iguala Jorge García Castillo, Gerardo Delgado Mota, José Alfredo Leonardo Arellano Landa, Ubaldo Toral Vences, quienes están en el penal de Tepic por delincuencia organizada y secuestro; mientras que a Natividad Elías Moreno se le suma el delito de inhumación de cadáveres.
Expertos en derecho coincidieron en que con el sistema de justicia que tiene México será un proceso largo para conocer el fallo de los jueces ante los recursos legales a los que tienen derecho como inculpados, que sin duda retrasan el desarrollo de cualquier juicio, y más uno como éste ante la gran cantidad de detenidos que están ligados a una causa penal.
Se suma el hecho de que a lo largo de la investigación la PGR pueda acreditar el delito de desaparición forzada a más implicados, y no sólo a los cinco municipales que son los únicos que enfrentan el cargo, lo que extendería las diligencias del caso.
Para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, será difícil que a seis meses de los hechos ocurridos la PGR pueda acreditar el delito de desaparición forzada y “el Poder Judicial no puede hacer nada si el Ministerio Público no actúa y no pone en sus manos un expediente con los suficientes elementos”.
En ese sentido enfatizó que ante el llamado que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de los expertos que asesoran en el caso para que un juez reclasifique el delito y se finque la desaparición forzada, “tuvo que haber sido a la PGR y no a los jueces”.
Dijo que mientras haya más detenidos, el caso se “atomiza” y hace más tardío el derecho que tienen las víctimas a la verdad y a la justicia, ya que los presuntos culpables tienen todo el derecho a recurrir al amparo y esto hace más lento el proceso.
Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Hernández Gaona, lo importante ahora es que la PGR no haya afectado los derechos fundamentales, como debido proceso, de lo contrario podrían quedar en libertad, y no sea un argumento de las apelaciones que han presentado algunos de los inculpados.
Es muy importante ahora con los nuevos criterios que hay, continuó, que no se vulneren los derechos humanos, que se acredite plenamente la detención, porque de no ser así, “aun cuando sean unos asesinos, puedan ser eximidos de responsabilidad”.
Agregó que la justicia, más que pronta y expedita, debe ser exacta y justa, ya que en temas delicados no se puede hablar de rapidez.
Carlos Daza Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, expuso que tanto las víctimas como los detenidos tienen derechos que deben ser respetados.
“Va a ser un juicio largo, son 99 personas procesadas que también tienen derechos, no porque los hayan detenido ya son responsables, falta que un juez determine que hay los elementos y dé una sentencia condenatoria”.
Que no nos guste un proceso tan largo, añadió, es lo que tenemos en el sistema de justicia hasta el momento, y bajo ese tenor se conservan los derechos tanto de las víctimas como de los procesados.
A decir de Daza Gómez, el hecho de que se tengan 99 detenidos y bajo proceso, refleja el trabajo que ha realizado la PGR en el caso de Ayotzinapa, “sin estar de acuerdo muchas veces en el tenor de hasta dónde han hecho la investigación, pero puedo decirle que se han obtenido resultados”.
El académico de la UNAM enfatizó que reclasificar los delitos, como lo pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al de desaparición forzada, sería un error y contraproducente, pues podrían quedar en libertad los señalados.
“Yo respeto lo que digan los expertos [de la CIDH], pero no podemos ahorita en el proceso reclasificar porque el resultado sería que tendrían que salir libres, ya que si se imputan homicidio y otros delitos, y meten después desaparición forzada le conculca garantías a las personas y se van libres”, explicó.
Lo que se tiene que hacer, detalló, es que en el desglose se puede volver a ejercitar acción penal, ahora por desaparición forzada.
“Lo que a mí me preocupa es que cualquier institución de derechos humanos tenga que intervenir ante las resoluciones del Poder Judicial diciendo en todos los casos que hay violaciones a los derechos humanos, cuando hay un proceso”.
Reiteró que el delito de desaparición forzada debe manejarse con mucho cuidado, porque ya no se podría meter el tipo penal de privación ilegal de la libertad.
“Qué pasa si después se acredita que murió la persona [los normalistas], en ese sentido, reclasificar por desaparición forzada sí podría llevar a la impunidad. Por eso, la PGR debe amarrar lo que tiene seguro”, comentó.
México enfrenta la peor crisis en derechos humanos
Los derechos humanos en México encaran ‘‘el periodo de crisis más difícil’’ en los 24 años de existencia del ombdusman nacional, debido a las graves violaciones que persisten, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Según otra nota del diario La Jornada, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dejó constancia de este escenario en su informe correspondiente a 2014, entregado ayer en Los Pinos al presidente Enrique Peña Nieto.
En su mensaje, el ombdusman denunció además el incumplimiento y la no aceptación de muchas recomendaciones del organismo a través de una política de ‘‘simulación, omisión y falta de apego a la ley’’ por parte de algunas autoridades, lo que constituye por sí mismo una nueva violación de derechos humanos y aumenta la impunidad.
Como hace algunos meses, González Pérez se refirió a los acontecimientos que marcaron el año pasado la realidad nacional y de manera particular a lo ocurrido los pasados 26 y 27 de septiembre: ‘‘Iguala marca un antes y un después para México’’, aseguró.
Tlatlaya y Chalchihuapan
La gravedad de estos hechos ‘‘nos debe hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad y lograr que los derechos de las víctimas sean reparados’’. Hechos ocurridos en 2014 en materia de derechos humanos representaron ‘‘el despertar y toma de conciencia’’ en la sociedad mexicana, aseguró también.
Con ello, el ombdusman se refería específicamente a la ejecución de al menos 15 civiles desarmados por miembros del Ejército en Tlatlaya, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa y la represión policiaca a una manifestación en Chalchihuapan, Puebla, donde un niño murió al parecer por una bala de goma disparada por los granaderos.
Pidió al gobierno federal no propiciar ni tolerar la impunidad, pero tampoco aceptar la búsqueda de venganza o la justicia por propia mano. ‘‘Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responderlas eficazmente’’, planteó.
A lo largo del mensaje, planteó: ‘‘La atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de las recomendaciones. Es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento’’.
Así, informó que de 2010 a 2014, la CNDH ha presentado 435 denuncias penales, de las cuales han llegado a consignación únicamente 43 casos. Durante 2013 y 2014, el organismo presentó 148 denuncias administrativas, pero sólo 24 han concluido, 124 siguen en trámite y apenas 7 terminaron con una sanción administrativa a los funcionarios involucrados.
En la mayoría de los casos –señaló– el castigo fue únicamente una amonestación o suspensión por 15 días, con sólo dos casos de inhabilitación. Y en otros 17 asuntos, las autoridades no encontraron elementos suficientes para imponer alguna sanción o se alegó que la facultad para ello ya había prescrito.
González Pérez alertó que con esa actitud se revictimiza a quienes sufrieron algún abuso ‘‘y se incurre en una conducta que incide en el aumento de la impunidad y debilita nuestro estado de derecho’’. Solicitó al presidente Peña instruir para que las solicitudes de información de la CNDH ‘‘sean debida y oportunamente atendidas, así como que se revise el cumplimiento dado a las recomendaciones que se les han dirigido e implementen las acciones para su cumplimiento real e integral’’.
Llamó a concretar la ley general en materia de desaparición forzada, los sistemas nacionales de búsqueda de personas no localizadas y el de información genética. Se trata de un imperativo, pues la violencia de la última década ha ocasionado la desaparición de personas, ‘‘las cuales no se han contado, identificado y en consecuencia buscado debidamente’’.
Ese problema, dijo el presidente de la CNDH, no se puede sobredimensionar o relativizar, y las acciones de búsqueda o deslinde de responsabilidades no podrán hacerse ‘‘si no contamos con información real y objetiva’’ para distinguir si se trata de un caso de desaparición forzada, hechos vinculados a la delincuencia organizada u otras causas.
Convino, empero, en que algunos procedimientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ‘‘han resultado inadecuados para su operación oportuna y eficaz’’.