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Reservas de información de entre tres y cinco años, han promovido la Secretaría de Gobierno y la Contraloría del Ejecutivo a solicitudes de datos públicos realizadas por particulares, al igual que otras dependencias y organismos autónomos que han recurrido a esa clasificación.
Entre 2012 y lo que va de 2015, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax) ha procesado ocho expedientes de clasificación reservada de información de la Secretaría de Gobierno, de la Contraloría del Ejecutivo, la SEPE – USET, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Secretaría de Salud (SESA) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Las argumentaciones para negar la información han sido por poner en peligro la integridad física de las personas, la gobernabilidad, los actos legales posteriores o daño a la estabilidad financiera del Estado y las acciones de auditorías.
Por ejemplo, está el expediente CAIP/VC/08/2011- P2 que involucra a la Secoduvi, a la que se le solicitó el expediente completo de la obra del Bulevar Gasoducto en el municipio de Tlaxcala: estudios, ordenamientos, permisos y en general todos aquellos relativos al proyecto ejecutivo de la obra. La dependencia clasificó la información como reservada por un año porque divulgar la información podría ser usada de manera facciosa por vecinos afectados en sus propiedades, a efecto de presionar y exigir al Gobierno del Estado pagos excesivos por indemnizaciones, lo que pondría en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad y la democracia.
El expediente CAIP/VC/10/2011-P-2, indica que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, clasificó como reservada las fechas en que fueron otorgadas las plazas a nombre de (…) y el nombre de las personas a quienes les fueron otorgadas plazas derivadas del dictamen emitido por la Comisión Auxiliar de Escalafón Mixto. La información causaría un daño probable y específico a esas personas, justificó.
En el expediente CAIP/VC/12/2011-P-2, a la CEDH se le solicitó indicar el número total y acreditara la existencia de los procedimientos administrativos y laborarles en su contra. Se requirieron las fechas de baja, así como los montos que fueron pagados a diversas personas que laboraron en este organismo hasta el día 31 de julio de 2011. La reserva de los documentos administrativos y laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se dio hasta que no se concluyan los mismos, respecto a la terminación laboral, pues la divulgación de los datos puede causar perjuicio a la terminación de dichos procedimientos o en su caso a las estrategias procesales que en su oportunidad debe tomar la CEDH.
De acuerdo con el expediente CAIP/VC//05/2014-P-2, la Secretaría de Gobierno reservó por seis años los asuntos relativos a demandas, emplazamientos, notificaciones, audiencias, laudo, proyectos, pruebas, diligencias, oficios, en torno a una solicitud de información sobre relación detallada de 83 laudos, así como el informe de entrega de recursos, fechas, montos, comprobantes y personas a las que les fueron entregados esos pagos, así como copias de comprobantes de pago. Con la reserva, no se conoció de qué partidas se hizo el pago y negó porque se ventilan aspectos sensibles de la vida íntima de los actores.
Conforme al expediente CAIP/VC/04/2013-P-1, la SECTE reservó la plantilla de personal de supervisión integrada por los inspectores adscritos a la Dirección de Transportes de esa dependencia, así como la información referente al parque vehicular que utiliza el sujeto obligado para funciones de supervisión del transporte público, en sus diversas modalidades. Lo anterior, en virtud de que los inspectores han sido agredidos físicamente en los operativos que han realizado y divulgar la información causaría un daño presente, probable y específico, es decir, que su vida, salud y seguridad estarían en riesgo.
Según el expediente CAIP/VC/04/2014-P1, la SEPE – USET reservó información consistente en el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la dependencia, los turnos y la descripción del armamento a disposición de ese personal, pues su difusión pondrá en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.
En el expediente CAIP/VC/02/2014-P-2, se da cuenta de que la Contraloría del Ejecutivo reservó por tres años las copias de las conclusiones, recomendaciones u observaciones de las auditorías o revisiones que se le hayan practicado a la Secoduvi por parte de la Contraloría en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. En virtud de que contiene documentos internos de trabajo cuya divulgación pudiera perjudicar en algún momento los procesos legales de cumplimiento al marco normativo, así como obstaculizar la conclusión de las observaciones detectadas, mismas que se encuentra en proceso de solventación. La resguarda la Dirección de supervisión fiscalización y control.
Y el expediente CAIP/VC/08/2014-P-2, revela que también la Contraloría reservó por cinco años la información relativa a los montos que pagan las dependencias y entidades por la contratación para auditorías de despachos externos, derivada de la solicitud de información de cuáles son las empresas que practican las auditorías externas a las instancias del Poder Ejecutivo y a cuánto asciende el monto que pagan a cada empresa, cómo fueron contratadas y por cuánto tiempo. La reserva fue porque contiene datos internos de trabajo cuya divulgación pudiera perjudicar en algún momento los procesos legales del cumplimiento al marco normativo, es decir, su publicación pudiera dañar la estabilidad financiera del Estado y se puede causar serio perjuicio a las actividades del cumplimiento de las leyes, prevención de los delitos e impartición de justicia y en la fiscalización de la aplicación de los recursos públicos, así como obstaculizar los trabajos de conclusión de auditorías.