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La relación entre corrupción e impunidad en México van de la mano. En el país sólo 2% de los servidores públicos que incurre en actos ilícitos es castigado, aseguró María Amparo Casar, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Durante la presentación del informe “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el CIDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ejemplificó que en el periodo de 2000 a 2013, en México 41 gobernadores fueron acusados de actos de corrupción, 16 fueron investigados y sólo cuatro están detenidos.
En contraste, en ese mismo lapso en Estados Unidos nueve gobernadores fueron acusados, nueve investigados y nueve detenidos.
De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, Amparo Casar dijo que la falta de información es uno de los principales factores que se dificulta perseguir a aquellos funcionarios, empresarios e individuos que la practican, y propicia una desconfianza generalizada en las instituciones y autoridades mexicanas.
“El gobierno siempre presume que aporta toda la información para conocer el impacto de la corrupción, pero es muy difícil compilar datos específicos, lo que dificulta conocer su impacto”, dijo.
“Encontramos que en México 91% no confía en los partidos políticos, 83% no confía en los legisladores, y 80% de los mexicanos no confía en el sistema judicial”, aseveró la investigadora del CIDE.
Durante el periodo 2008-2014, México retrocedió 31 peldaños en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, mientras que países como Brasil, que sigue teniendo muchos problemas de corrupción, en ese mismo lapso avanzó 11 lugares, lo que significa que aún hace falta mucho por hacer en esa materia.
Según datos del Latinobarómetro 2013, esta investigación señaló que menos de la mitad de la población, es decir, sólo 37% apoya el sistema democrático, mientras que 27% se encuentra satisfecho con este sistema.
La investigación del CIDE-IMCO compiló los principales indicadores que muestran el efecto negativo de la corrupción en la economía mexicana. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la corrupción disminuye en 5% anual las inversiones en el país.
Además, se estima que el Producto Interno Bruto registra una merma de 9% anualmente por la corrupción, según datos de los bancos de México y Mundial, lo que representa una minusvalía de más de 100 mil millones de dólares. Investigadores del CIDE e IMCO señalaron que existe un serio problema de vacío de información sobre corrupción en el gobierno mexicano.
Corrupción impacta el crecimiento del país
El costo de la corrupción en México tiene un impacto en el crecimiento económico de entre 2% y 10% del PIB, lo que representa entre 26 mil millones y 130 mil millones de dólares (de 332 mil millones a 1.6 billones de pesos), además de que las inversiones se reducen en aproximadamente 5% y el costo para las empresas es de 5% de sus ventas anuales, aseguraron el Imco y el CIDE en el estudio Anatomía de la Corrupción.
Según otra nota del periódico El Universal, instituciones como el Foro Económico Mundial, calculan que por ese problema, el daño a la economía es de 2% del PIB, Banco Mundial y el Banco de México calculan que la cifra llega al 9%, aunque el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estima que en realidad es 10%.
Eso significaría que si solamente fuera el 5%, la economía perdería 65 mil millones de dólares anuales, a precios del 2013, resaltó el director de cambio climático y tecnología del Instituto Mexicano para la Competitividad, Rodrigo Gallegos.
El problema es grave porque los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad, están inmersos en esta cultura de la ilegalidad. Por ejemplo, la encuesta de fraude y corrupción de KPMG muestra que 44% de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, 14% del ingreso promedio de los hogares se destina a pagos extraoficiales de acuerdo con Transparencia Mexicana.
Con lo cual el Inegi contabilizó 4 millones de actos de pequeña corrupción al año.
Durante la presentación del estudio, los investigadores explicaron que el impacto que tiene la corrupción y la impunidad en los hogares termina por generar violencia.
La percepción de mayor corrupción e impunidad se registra en el Distrito Federal, Jalisco y Michoacán, y donde menos se percibe es en Querétaro, Yucatán y Aguascalientes, según la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental 2013, del Inegi.
Lo que puede relacionarse con el hecho de que en la capital del país, es donde se dan la mayor parte de transacciones económicas “las oportunidades de corrupción se multiplican”, explicó López Ayllón.
“Todos estamos inmersos en este fenómeno y lo peor es que los incentivos institucionales nos atrapan y nos vemos en condiciones en que tenemos que caer en el fenómeno. Necesitamos una auténtica revolución, un gran impulso hacia adelante, capaz de cambiar las instituciones y las conciencias para transformar la claridad de la percepción", dijo el académico.
Casar explicó que a nivel gubernamental hay mayor frecuencia de la corrupción, los cuales en su mayoría quedan impunes. Mientras que en 1996 se reportaron en los medios de comunicación 502 notas de ese tipo, de 2000 a 2013 se identificaron 41 casos de gobernadores corruptos, pero sólo se investigaron 16 y se sancionaron cuatro, pero hay muchos que no se denuncian y que quedan impunes.
Comentaron que aún y cuando no existen “balas de plata” para combatir la corrupción debieran considerarse diversas propuestas.
Declaran constitucional Sistema Nacional Anticorrupción
Con los votos aprobatorios de 24 congresos locales, la Comisión Permanente del Congreso, emitió ayer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia encargada de prevenir y sancionar actos de corrupción y de fiscalización de recursos públicos.
Sin embargo, su implementación podría tardar dos años más, debido a la falta de leyes secundarias, cuya redacción agotará por lo menos un año y su homologación en las entidades podría tardar otro.
A un mes de haber recibido el dictamen relativo al combate a la corrupción, 24 estados de la república sumaron su voto a favor de este proyecto, tras lo cual le fue turnado al Ejecutivo Federal, para su publicación y entrada en vigor.