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Cuatro magistrados del Estado de México rechazaron haber recibido sobornos de la empresa OHL como se sugiere en grabaciones.

“Desde enero nos ha surgido una campaña de difamación y de falsedades contra OHL-México, que la estamos sufriendo y que se basa en una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que han sido interceptadas ilegalmente, manipuladas y transformadas para traducirlas en falsedades y en calumnias”, señaló el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, durante una rueda de prensa antes de realizarse la junta general de accionistas.

De acuerdo con una nota de periódico La Jornada, el empresario español advirtió que ya tenían sospechas fundadas sobre el responsable de la supuesta “campaña” y que emprenderían acciones legales, tanto civiles como penales.

Antes de que la cotización de su empresa cayera en picada en la Bolsa Mexicana de Valores, el magnate español Villar Mir compareció ante los medios para hacer un balance de las actividades de su emporio –con presencia en 30 países y una plantilla de 25 mil trabajadores–, pero la mayor parte de la comparecencia la utilizó para defenderse de las acusaciones en contra de su filial en México sobre presuntos casos de corrupción, intento de “compra” de magistrados, manipular los costos de las obras y hasta inflar las tarifa de peaje en el Viaducto Bicentenario.

Las grabaciones, difundidas ayer por Youtube y reproducidas en primer lugar por la prensa española, volvieron a poner en evidencia tanto al dimitido directivo de la empresa, Pablo Wallentin, como a las presuntas irregularidades que rodean las adjudicaciones públicas a OHL, que suman ocho desde su llegada a México en 2002.

Villar Mir reconoció que tras la primera difusión de conversaciones, a principios de mayo, habló brevemente con Wallentin para despedirlo de forma fulminante y recriminarle que haya “violado el código deontológico” de la corporación. Pero ahora, que según las grabaciones, el ex directivo también intentó “comprar” a magistrados para conseguir un trato favorable en los juzgados, Villar Mir explotó y dijo “sentir vergüenza” y hasta advirtió que “se ha vuelto loco”.

El presidente de OHL defendió la trayectoria de su empresa en los últimos 13 años en México, en los que ha invertido 50 mil 266 millones de pesos, ha creado 3 mil 700 puestos de trabajo –de los cuales “sólo dos son españoles”– y “nunca hemos repatriado un dividendo de México a España”.

Rechazó las acusaciones que le sitúan como “empresario amigo” del PRI, al sostener que “es curioso que se tienda a decir que somos una empresa amiga del PRI. Yo estoy orgulloso de sentirme amigo de todos los mexicanos. Y también del PRI. Pero de las ocho concesiones que tenemos en México, contratadas a lo largo de 12 años, con el PRI hemos contratado tres, con el PAN otras tres y con el PRD, la izquierda mexicana, otras dos”, señaló.

Sobre las sospechas en su forma de conseguir las adjudicaciones y, al mismo tiempo, de inflar los costos de la obra, Villar Mir insistió en que “en todos los casos de las concesiones hemos actuado siempre con total transparencia, con las mejores prácticas corporativas y todas las obras que hemos hecho han cumplido hasta la última coma con todas las exigencias, todas las normas, todas las cláusulas y los contratos que hemos firmado sin una sola excepción”.

Para Villar Mir la difusión de las grabaciones, reproducidas por la mayoría de los medios de comunicación españoles, son fruto de una “campaña de calumnias y difamaciones verdaderamente lamentables e impropias de un país desarrollado como es México”.

Añadió que “desde enero nos ha surgido una campaña de difamación y de falsedades contra OHL-México, que la estamos sufriendo y que se basa en una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que han sido interceptadas ilegalmente, manipuladas y transformadas para traducirlas en falsedades y calumnias”.

Magistrados niegan haber aceptado soborno

Cuatro magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de México (Tricaem), que conocen de juicios en los que está involucrada la empresa OHL rechazaron tajantemente haber recibido sobornos de la empresa, como se sugiere en los audios difundidos, donde directivos del consorcio hablan de echarle “una manita a los magistrados” para que resuelvan asuntos en su favor.

Según otra nota del diario La Jornada, los magistrados se dijeron sorprendidos por las noticias de los supuestos sobornos, y expresaron que su honorabilidad está probada por años de servicio en este tribunal. “Es posible que los audios que se señalan no se refieran a este tribunal”, expuso César de Jesús Molina Suárez, titular de la séptima sala regional Toluca del Tricaem. Por la fecha de la llamada, los juicios en curso donde estaba involucrado OHL se refieren a unos promovidos en el Tricaem por Infraiber.

El magistrado Molina Suárez detalló que el año pasado conoció de tres juicios, dos iniciados por la empresa Infraiber, y uno más de un particular, quienes demandaban al gobierno mexiquense retirar la concesión del Circuito Exterior Mexiquense a OHL, pues ya había cobrado los montos de retorno de la concesión.

Infraiber había sido contratada por el gobierno de Eruviel Ávila para auditar los aforos vehiculares en las autopistas mexiquenses, pero entró en conflicto con OHL –concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Elevado Bicentenario– por este motivo. Luego hizo denuncias públicas de irregularidades cometidas por el consorcio y hace unos meses el gobierno del estado canceló el contrato con ellos.

El magistrado explicó que los juicios fueron sobreseídos el 15 de diciembre de 2014, pues se consideró que Infraiber y el particular carecían de personalidad jurídica para hacer este reclamo.

En Tlalnepantla, vecinos de tres fraccionamientos exigieron a OHL que cumpla los compromisos adquiridos desde hace cinco años en obras y equipamiento urbano, por afectaciones a sus comunidades por la construcción del Viaducto Elevado Bicentenario. Las obras representarían inversiones al menos de 20 millones de pesos.

La SCT sin definir postura sobre caso de OHL

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, matizó su postura sobre OHL México en apenas dos semanas.

El 13 de mayo pidió no juzgar anticipadamente a la empresa y no aceptar como un hecho que sus directivos hubiesen actuado de manera ilegal.

Ese mismo día, consideró que las auditorías permanentes, llevadas a cabo por el Órgano Interno de Control de la SCT, garantizaban que todo estaba en orden con los contratos que le otorgó a la compañía.

Sin embargo, el martes pasado, después que se filtrara una segunda serie de llamadas entre presuntos directivos de la empresa, la dependencia consideró necesario solicitar a la Secretaría de la Función Pública una auditoría de los contratos de OHL.

"¿Qué los motivó a solicitar la auditoría?", se le preguntó ayer a Ruiz Esparza en entrevista con el periódico Reforma.

"La credibilidad", respondió.

"En el fondo (queremos) dejar claro hacia la opinión pública que (...) no nos han metido gol y si nos metieron gol, que afronte su responsabilidad quien lo metió y si se dejó alguien que lo metiera.

"Eso es lo que más nos interesa y en función de lo que se pueda recuperar de esa credibilidad, que, ni modo, afecta, se recupere", indicó.

En las primeras conversaciones telefónicas reveladas hace tres semanas se escucha a directivos de OHL México hablar sobre inflar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario.

"Estamos metiendo un gol, poniendo tarifas del año siguiente", dijo Pablo Wallentin, entonces director de Relaciones Públicas de OHL, a Gerardo Fernández, director jurídico de la constructora.

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