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Aunque los peritajes sobre el enfrentamiento entre policías federales y hombres armados del 22 de mayo pasado en Tanhuato, Michoacán, que dejó un saldo 42 civiles y un policía muertos, indicaron que no se cometieron ejecuciones extrajudiciales, la organización internacional Human Rights Watch exhortó a realizar una investigación a fondo sobre el hecho, al cual comparó con el caso Tlatlaya.
Ayer se informó que de acuerdo con la aplicación de las necropsias de ley aplicadas a los cadáveres de los presuntos sicarios, éstos habrían muerto por impactos de bala realizados a una distancia no menor de 200 metros, es decir que los impactos recibidos no se hicieron a quemarropa o corta distancia, ni el conocido “tiro de gracia”.
De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, el reporte difundido por la Procuraduría General de Justicia del estado indicó que todos los muertos que dejó el choque en el Rancho el Sol del viernes pasado, recibieron al menos dos balazos de distintos calibres, además de que algunos cadáveres presentaron heridas a causa de esquirlas de granadas.
La versión corrobora las posturas del Comisionado Nacional de Seguridad y el Comisionado de la Policía Federal sobre el rechazo a que los efectivos federales habrían asesinados a los civiles, sin embargo, para la ONG en defensa de los derechos humanos, las autoridades mexicanas deberían llevar a cabo una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias en las que murieron las 43 personas”.
La contrastante cifra en el número de muertes, 43 de lado de los supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, y un solo elemento de la Policía Federal, son parte de las observaciones que HRW indica como “duda” por verificar si los elementos se apegaron al uso de la fuerza.
“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, acusó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch a través de un pronunciamiento.
Además de comparar el enfrentamiento con el caso Tlatlaya debido a las demoras y negligencias que presentan las indagatorias, pues a la fecha no han sido presentados todos los militares que podrían estar involucrados, Wilkinson llamó a la Procuraduría General de la República a evitar que se repitan las inconsistencias.
“Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la PGR debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos (en Tanhuato)”, señaló el representante de HRW.
Entre los sicarios hay ex policías
Al menos dos de las 42 personas que murieron en un enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, la semana pasada, eran ex policías municipales de Zapotlán del Rey, Jalisco, informó José Martín Godoy Castro, fiscal de Michoacán.
Según otra nota del periódico Crónica, el cuerpo del ex policía, Edgar Ramírez Mayoral, de 24 años, ya fue entregado a sus familiares, mientras que el del otro hombre –cuyo nombre no fue revelado—no ha sido reclamado.
“Tenemos el antecedente de que pertenecieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, no en calidad de miembros activos. Ya se habían dado de baja”, declaró Godoy Castro.
Indicó que hasta este jueves han sido identificados 39 de los 42 cadáveres.
Y que además se investiga su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Dan formal prisión a detenidos de Tanhuato
Las tres personas detenidas el pasado viernes en el municipio de Tanhuato, Michoacán, donde perdieron la vida 42 presuntos delincuentes y un elemento de la Policía Federal fueron trasladados al penal federal de El Rincón, en Nayarit, informó la procuradora general de la República, Arely Gómez.
“Exactamente, ya se trasladaron al penal de Nayarit”, informó Arely Gómez.
Según otra nota del periódico El Universal, la procuradora dijo que después de los incidentes registrados la semana pasada al lugar se trasladaron peritos y personal de la procuraduría, quienes trabajaron en coordinación con personal de la fiscalía estatal para esclarecer los hechos.
En entrevista, la funcionaria federal explicó que como parte de las investigaciones que realizan en el estado por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación se investiga un video en el cual se acusa a diferentes integrantes de las autodefensas de tener vínculos con esa organización criminal “estamos iniciando la investigación de todo esto y yo pediría un poco de sigilo porque no puedo darles más información".
“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, se envió a un grupo de agentes del Ministerio Público Federal así como de la federación, se enviaron peritos, policías ministeriales para distintas actividades y se empezó a trabajar en conjunto con la procuraduría del Estado. Se inició en la delegación una averiguación previa de investigación”, dijo la titular de la PGR.
CNDH entrevistará a detenidos
Como parte de esas indagatorias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el propio ombudsman nacional se entrevistará con los tres sobrevivientes que fueron detenidos tras la refriega a fin de recabar la mayor información posible para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales, pues el organismo no ha descartado ninguna línea de investigación al respecto.
Para las diligencias que aun hasta ayer se llevan a cabo en el lugar de los hechos, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez indicó que laboran visitadores adjuntos, criminalistas, abogados, personal de la Oficina Foránea en Morelia, y médicos forenses, bajo la coordinación del Primer Visitador General, Ismael Eslava Pérez.