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Tlaxco, Tlaxcala.- Serán los representantes del área jurídica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes interpondrán una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por obstaculizar el acceso a las antiguas instalaciones de la escuela “Carlos González”, y negar la entrega del edificio.
Los hechos ocurrieron al filo de este medio día, cuando integrantes del comité de padres de familia y Raúl Ortiz, integrante del Movimiento Antorcha Campesina en Tlaxcala, se apostaron en el portón del edificio. Quienes de hecho solicitaron la presencia del titular de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Rafael Hernández Hernández.
En relación a lo acontecido en este lugar, los directivos de la SEP pidieron de igual forma una reunión urgente con el presidente municipal, Jorge Rivera Sosa, en virtud de firmar una minuta tendiente respaldar el acuerdo y proceder legalmente.
Reunidos en la sala de cabildos, Alfonso Cortés Hernández, responsable del área de Atención a Grupos de la SEP, fue tajante en subrayar que la actitud de los inconformes bloquea el derecho a la educación y se atenta contra el principio de autoridad, por lo tanto el proceso penal a seguir es necesario y debe ser apoyado por la autoridad municipal en turno.
Cabe mencionar que el pasado 12 de junio, los integrantes del comité de padres de familia, Carmelo Guarneros Mote, Luis Felipe Hernández Cruz, Juana de la Cruz Islas Rodríguez, Margarita Hernández Hernández y Rufino Zamora, aceptaron liberar las instalaciones de la calle Juárez y dar por terminado el conflicto.
Sin embargo hoy martes fue requerida la presencia del representante de Derechos Humanos para que el enfrentamiento verbal no fuera más allá y la pugna por el inmueble oficial se saliera de control.
En consecuencia a lo anterior, el comisionado del organismo autónomo, puntualizó que recibió una queja, cuyo expediente tiene el número CEDHT/06/2015-TLO, el cual está en etapa de investigación, por lo que en breve solicitará un informe a la autoridad dentro del plazo correspondiente a fin de determinar sobre los hechos.
Mientras tanto, anticipó que en su función como mediador del conflicto, no permitirá se ponga en riesgo la educación de la población escolar, y cuidará al máximo que no se vulneren ninguno de sus derechos.