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El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados presenta inconsistencias: LCC

Con el objetivo de otorgarle autonomía técnica y de gestión al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2013 se reformó el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente inició la construcción de la ley reglamentaria, para ello el PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron tres iniciativas que fueron aprobadas y que actualmente se encuentran en estudio las comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

No obstante, la senadora Lorena Cuéllar, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que, sin menoscabo del trabajo que realizaron los legisladores en San Lázaro, el Proyecto que recibieron tiene una serie de inconsistencias.

“En los hechos Coneval ha tenido un desempeño ampliamente aceptado entre los distintos círculos de gobierno, académicos y de la sociedad civil; esto se debe en gran medida a su espíritu apartidista y esencia académica. Sin embargo, no podemos seguir permitiendo que el Gobierno sea juez y parte en la evaluación”.

Y es que dijo, se propone la creación de un Comité Técnico que, además de no tener claramente establecidas sus funciones, pone en peligro y divide la operación interna del Coneval.

Además, la elección de consejeros aún queda en manos de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, es decir, de un órgano que además de estar presidido por la Secretaría de Desarrollo Social en su mayoría lo conforman los secretarios de Desarrollo Social de los estados.

“La autonomía también se violenta a través de la vinculación que se propone llevar a cabo con la Secretaría de Hacienda y el Coneval para que dicha Secretaría imponga pautas y dé el visto bueno a las evaluaciones”.

Cuéllar Cisneros indicó que, por si fuera poco, no se contemplan los umbrales de pobreza, necesarios para un referente en evaluación, ni se toma en cuenta el lenguaje de género.

Ante ello, informó, se convocó a una jornada de audiencias públicas donde participaron especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), de FUNDAR y de México Evalúa, entre otros.

“Aunque tenemos listo un dictamen en un 90 por ciento, como Presidenta de Comisión, para mi es importante generar una sinergia en donde se escuche el punto de vista de todos los actores,  y esto, nos ha reducido  a quedar pendientes en dos puntos: el método de selección de consejeros y la manera de cómo vamos a darles mayor poder coercitivo a las evaluaciones, es decir, ¿cómo podemos obligar a una entidad a cumplir con algo?”.

La legisladora por Tlaxcala señaló que si bien el proyecto de dictamen que se tiene es un avance importante, aún se tiene una agenda importante de pendientes que no fueron tocados en esta Ley, tales como la relación del Coneval con los estados y municipios, su vinculación con la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo, el redefinir lo que se entiende por política social y que no debe estar limitado a la evaluación de programas sociales.

Además, subrayó que es importante dejar en claro que en la discusión existe un elemento ideológico de mucha importancia: la manera como se plantea que Coneval debe evaluar, es decir, la racionalidad económica en donde incluso se propone la intromisión de la Secretaría de Hacienda.

“Para mí esto es un absurdo, porque la racionalidad económica es completamente distinta de la racionalidad social, en una atiendes números; en la otra a personas con carencias. Por ello nunca debes poner los objetivos macroeconómicos por encima de los objetivos sociales en un programa de gobierno”, acotó la legisladora Lorena Cuéllar.

El Coneval nace en 2006, a través de la Ley General de Desarrollo Social, como el organismo encargado de revisar el cumplimiento de objetivos de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social del país, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.