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El gobierno de Tlaxcala enfrenta una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, por haber simulado la reintegración de fondos federales que fueron gastados en otros rubros.
De acuerdo con información del periódico Reforma, se trata de una denuncia de hechos que está acompañada de un dictamen técnico en el que se expone la irregularidad detectada por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además de Tlaxcala, existen otros siete gobiernos estatales simularon reintegrar recursos de fondos federales que habían desviado para solventar otros gastos.
El monto global de los recursos desviados por esos 8 gobiernos estatales suman 8 mil millones de pesos.
Los gobiernos que simularon la reintegración de esos recursos con Veracruz con 15 denuncias; Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Oaxaca, 5; Chiapas, 4; Tabasco, 3, y Tlaxcala, 2.
Los recursos sobre los cuales se simularon los reintegros pertenecen a los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.
De acuerdo con la nota del periódico Reforma, el mecanismo de simulación utilizado, explicaron fuentes de la ASF, consistió en que, una vez que la Auditoría había realizado observaciones sobre recursos utilizados sin la justificación correspondiente, los estados reintegraban a una cuenta la cantidad señalada por el órgano fiscalizador.
Después le mostraban a éste un comprobante de dicho reintegro.
Una vez que la ASF daba por solventada la observación, los estados sacaban los recursos de esa cuenta para darles un uso distinto de aquel para el que estaban etiquetados sin que aún hoy se tenga conocimiento preciso sobre su destino final.
La Auditoría se dio cuenta de esta práctica al realizar un seguimiento de observaciones hechas en las revisiones de las cuentas públicas 2008, 2009, 2010 y 2011 y requerir a los estados para que informaran sobre la utilización de los recursos que habían reintegrado.
En el caso de las entidades denunciadas, éstas no pudieron comprobar que efectivamente usaron el dinero -que ya no estaba en sus arcas- para lo que estaba destinado.
Las primeras denuncias fueron presentadas en agosto de 2013 contra el Gobierno de Tabasco, y las últimas, en noviembre pasado contra Veracruz, que es la entidad que acumula el mayor número de irregularidades.
Una vez que el periódico Reforma dio a conocer esas irregularidades, diputados federales del PAN y PRD cuestionaron la inacción de la Procuraduría General de la República para resolver las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación contra los gobiernos estatales que desviaron recursos de fondos federales y simularon su reintegración.
La diputada panista Elizabeth Yáñez recordó que, a lo largo de la legislatura que está por concluir, una de las principales críticas fue hacia la PGR por ignorar las denuncias de la Auditoría.
Dijo que el órgano de fiscalización cumplió con su trabajo de revisar los recursos, detectar las irregularidades y hacer las denuncias penales en los casos que ameritaba. Sin embargo, agregó, no hay resultados en las investigaciones y eso es lo que genera la impunidad en los gobiernos estatales.
"La PGR no ha resuelto prácticamente nada y esperamos que con el nuevo sistema anticorrupción esta situación termine.
"No sé si sea omisión, pero es una falta de eficiencia por mantener expedientes abiertos 12 o 14 años. No hay investigación y se mantienen sin resolver las investigaciones por delitos de corrupción", señaló la legisladora del PAN.
Agregó que de 317 denuncias que ha presentado la ASF, la PGR solo ha resuelto 17.
"Si sólo hay ese número de expedientes resueltos y se ha ignorado todo lo demás es que no hay interés por aplicar justicia y sanciones por el mal uso de facultades", opinó.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, José Luis Muñoz, también advirtió que cada año se han presentado denuncias y la actitud de la PGR es no resolverlas.
Señaló que la dependencia ni siquiera da un informe de cómo van sus investigaciones, lo que facilita que los gobiernos estatales repitan la fórmula de cómo desviar recursos, pues saben que no hay sanción.
"Tenemos este problema desde hace varias cuentas públicas, de recursos que se desvían de educación, salud y seguridad y se denuncia todos los años y la PGR no ha resuelto", manifestó el perredista.
Comentó que se han generado procesos largos porque se presentan diversos expedientes técnicos y testigos, lo que aún mas engorroso el proceso.
Consideró que con las recientes reformas legislativas el dinero ya no se tendrá que reingresar a cuentas estatales, sino a la Federación, lo que ayudará a prevenir tales desvíos.