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El Congreso del estado generó un entorno de ilegalidad en el proceso de selección del Consejo Consultivo y presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al no respetar los plazos para concretar el cambio en ese organismo autónomo, con ello arrastró a esa condición al ombudsman saliente, Francisco Mixcoatl Antonio, cuyos actos realizados a partir del 3 de agosto carecen de validez, así lo denunció Edgar Cortez Morales, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Durante su la partición del doctor e investigador del IMDHD en el foro denominado “Las organizaciones civiles frente a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos”, consideró que es lamentable que los legisladores, quienes en teoría son los encargados de crear un marco jurídico y de luego respetarlo, están haciendo todo lo contrario a la naturaleza de un cuerpo legislativo.
Ahí en un evento organizado por la asociación civil Un Mundo Una Nación, el investigador sostuvo que “el Congreso del estado dio paso a una situación de ilegalidad y con ello el actual presidente de la CEDH está cometiendo actos ilegales en función de presidente de la misma”, tomando en cuenta que la convocatoria que emitió el Poder Legislativo para el proceso de renovación de la comisión estatal tenía marcados términos de inicio y final, los cuales no fueron respetados por aquellos que los impusieron.
“Mi análisis jurídico es que el acto del nombramiento que hizo anteriormente tiene una fecha de inicio y una fecha de término definido por el periodo y según mi lectura y lo que revisé, el Congreso del estado no está facultado para extender, no hay por ningún lado donde se diga que el Congreso tiene facultades para extender el periodo, este supuesto acto de le damos una extensión en un acto ilegal del Congreso”, expuso.
Cortez Morales, dijo que en consecuencia todos los actos que se han realizado después del 3 de agosto, fecha en la que concluyó el periodo del ombudsman Francisco Mixcoatl Antonio, son ilegales.
De esa manera, agregó “vemos cómo llegamos al extremo de que un órgano como el Congreso da pie a un acto de carácter ilegal”.
Ante ello, es posible que cualquier persona que se sienta afectado con la ampliación de funciones del actual ombudsman y con el proceso de selección del Consejo Consultivo y del nuevo titular de la CEDH, pueden iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese sentido expuso que “una de las facultades a partir de la reforma son las acciones de inconstitucionalidad si ubican una ley o apartados contrarios a la constitución y a los derechos humanos pueden presentar una acción para que la suprema corte revise”.
En el foro “Las organizaciones civiles frente a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos”, participaron Miguel Ortega Vega, del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, así como Adil Aranzuvía del Colectivo Trans de Tlaxcala.