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Tiene como objeto eficientar el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México presentaron la propuesta para adecuar diversas disposiciones de la Constitución Política Local, entre ellas disminuir de nueve a siete el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como desparecer las Salas Administrativa y de Juicio para Adolescentes.

La propuesta fue presentada en la sesión ordinaria de este jueves 27 de agosto, en la que también propusieron reformas a las leyes Orgánica del Poder Legislativo y de Justicia para Adolescentes, todas del Estado de Tlaxcala, para armonizarla con la reforma constitucional federal, en materia de combate a la corrupción, por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

El diputado Florentino Domínguez Ordóñez leyó el documento correspondiente y señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Por lo que en la iniciativa dada a conocer por los legisladores Marco Antonio Mena Rodríguez, María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez y Florentino Domínguez se dijo que la misma tiene como objeto eficientar el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Por lo que proponen reducir el número de magistrados a siete, además de que en la entidad se debe crear el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que la Sala Administrativa eventualmente dejará de conocer de los asuntos que actualmente tiene a su cargo.

A efecto de que la reestructuración sea integral, también propusieron que las funciones y facultades de la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes se trasladen a la Sala Penal y se cree la Sala Civil y Familiar.

La propuesta se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

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