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También presentaron iniciativa para reformar código de procedimientos civiles en materia de adopción

Con la finalidad darle reconocimiento, protección y desarrollo a una de las más representativas tradiciones de Tlaxcala, el legislador Ángelo Gutiérrez Hernández, dio a conocer la iniciativa por la que propuso declarar a la Charrería Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado.

Durante la Sesión Ordinaria de este martes, señaló que “mantener vivas nuestras costumbres es símbolo de nuestra calidad de mexicanos”, por lo cual la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, A.C., ha insistido durante años para que en esta entidad “reconozca y fomente una de las actividades culturales más apasionantes y bellas de la cultura nacional”.

“Por lo que resultado de los continuos acercamientos de la sociedad con quienes integramos este Poder Legislativo, el ciudadano José Claudio Manuel Rugarcía Hernández, Presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, A.C., ha pedido que sea por conducto de su servidor presentada la iniciativa correspondiente, con la cual se busca preservar la fiesta charra”, refirió.

Expuso que a  la fecha los Estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas cuentan con la Declaración de la Charrería como Patrimonio Cultural Intangible y que otros estados  como Jalisco y Chiapas están en un proceso muy avanzado con respecto a la expedición de la declaración.

En esta misma Sesión el legislador José Gilberto Temoltzin Martínez presentó la propuesta para adecuar el primer párrafo del artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, por cuanto hace a su aplicación en los  delitos de secuestro y trata de personas.

Mencionó que de conformidad a lo previsto por la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad  de legislar respecto de los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley,  trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes le está reservada en forma exclusiva a la Cámara de Diputados Federal.

Apuntó que de no adecuar dicha norma podría originar que quienes se vean sujetos a la aplicación de esta ley, tendrían la posibilidad de impugnar su inconstitucionalidad y como resultado podrán eludir el cumplimiento de la ley.

En otro orden de ideas, la legisladora María de Lourdes Huerta Bretón presentó la iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala.

La iniciativa tiene como objetivo adecuar dicho Código a las disposiciones emanadas de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, que incluye  entre sus disposiciones,  facilitar el proceso de adopción, a fin de procurar que todos los menores de edad vivan en familia y su estancia en albergues sea lo más breve posible, para que no se repita un caso más, como el de la Casa Hogar, la Gran Familia.

Refirió que dicha iniciativa propone incluir disposiciones para agilizar y vigilar el proceso de adopción, para que sea lo más breve posible, sin dejar de ser responsabilidad del gobierno vigilar que se respeten los derechos de los menores, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

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