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La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio por enfrentamientos entre reclusos de los penales varoniles de Tlaxcala que dejaron cuatro lesionados a principios de septiembre.
El Ombudsman Francisco Mixcoatl Antonio indicó que dictaron medidas cautelares para los internos afectados, mientras que la directora de Prevención y Reinserción Social, Marycruz Cortés Ornelas, tiene hasta este viernes para notificar si acata la instrucción o no.
De manera anónima, familiares de los presos en los penales de Apizaco y Tlaxcala denunciaron por escrito al Gobernador Mariano González Zarur que existe tráfico de drogas dentro de las cárceles, además del cobro en el interior por protección a determinados reos.
Según ellos, deben pagar 400 pesos mensuales a cambio de no ser golpeados.
El control por la venta de drogas llevó a que en los primeros días de septiembre se registraran riñas entre los presos de esos dos centros penitenciarios.
"Ya se radicó una queja de oficio y se dictaron medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y moral de los internos involucrados en estos hechos", dijo Mixcoatl Antonio.
Aseveró que mientras se investiga el caso, la dirección de los penales tiene la obligación de salvaguardar la integridad física y moral de los reclusos involucrados en riñas o intento de motín.
Los denunciantes responsabilizaron a Cortés Ornelas porque supuestamente desde que asumió la titularidad de los reclusorios se incrementó la venta de drogas y surgió la extorsión.