- Congreso
Los integrantes de la LXI Legislatura local rechazaron la posibilidad de declarar los días 26 de cada mes como el “Día en demanda de Justicia para los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y sus familias”, pues consideraron que solo son simbolismos que no ayudan al combate frontal contra la delincuencia organizada.
La iniciativa inicial, fue presentada por la diputada del PRD, Eréndira Jiménez Montiel, en la que expuso que respecto a los hechos acontecidos el 26 de septiembre del año próximo pasado, en el Estado de Guerrero, en contra de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, los congresistas de Tlaxcala “no podemos permitir que los estudiantes siendo uno de los motores que impulsan el progreso de nuestro país, soporten con el resto de nuestra sociedad la inseguridad que se sufre en nuestros días”.
Por ello, la propuesta inicial era “tendente a manifestar la solidaridad de este estado con nuestros hermanos del estado Guerrero y que es entendible y respetable dicha propuesta, de declarar a los días 26 de cada mes del año como el “Día en demanda de Justicia para los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y sus familias”, en tanto no se localicen de forma definitiva a las 43 víctimas de los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero”.
Sin embargo, las Comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y de Derechos Humanos, consideraron que “es insuficiente el solo poner simbolismos sin implementar acciones que realmente ayuden al combate frontal de este tipo de acciones criminales”.
El dictamen fue votado a favor por 15 integrantes de la legislatura local, y así fue desechada la iniciativa inicial presentada por la diputada Eréndira Jiménez.
Con ello, el Congreso local pidió a los poderes Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, presidencias de comunidad y organismos públicos descentralizados, a implementar políticas y acciones jurídicas que contribuyan a la difusión, respeto y ejercicio de una cultura en favor de respeto a la ley, a fin de anular las acciones delictivas sobre la desaparición forzada de personas.