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El diputado local independiente, Baldemar Cortés Meneses, consideró que el proceso electoral del próximo año está en riesgo debido a los yerros que los congresistas locales cometieron con la aprobación “fast track” de la reforma política y sus leyes secundarias.
Dijo que así como está la ley electoral no garantiza que las y los ciudadanos que tengan aspiraciones a ocupar un cargo de elección popular lo hagan en igualdad de oportunidades, lo que refleja el desconocimiento de las leyes de los diputados que avalaron dichas reformas y reglamentos.
Refirió que con el antecedente que se tiene en el estado de Oaxaca, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma política emitida por el Congreso, consideró que en Tlaxcala podría pasar lo mismo.
“Pudiera ser una posibilidad que la SCJN declare también inconstitucional la reforma política de Tlaxcala, yo no veo otra posibilidad, el ITE carece de personalidad jurídica no tiene presupuesto, pero además también hablamos que no hay una ley que te permita generar certidumbre, entonces para dónde vamos”, declaró.
Respecto a la miscelánea legislativa que anunció la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, María Angélica Zárate Flores, el diputado independiente opinó que no son más que “parches” para remendar algo que ya no tiene solución y que debe ser atendido por la SCJN.
Incluso, comentó que al Congreso no le dará tiempo realizar las adecuaciones a las leyes secundarias para el 15 de octubre, tal y como lo dio a conocer en días pasados el diputado panista, Ángelo Gutiérrez Hernández.
“Veo muy raro que haya proceso, y sobre todo que tenga certidumbre, ante eso quien sabe si haya proceso electoral en 2016, está en veremos” insistió.
Después, el diputado independiente presentó ante el Pleno del Congreso local la iniciativa de reforma a la Ley para Personas con Discapacidad, con el propósito de garantizar a ese sector de la población la inclusión laboral, así como más facultades para que el Estado diseñe programas para su atención, y se cumpla con la accesibilidad.
Explicó que esa propuesta es para cumplir con la homologación entre la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con el artículo primero de la Constitución Política federal y con los tratados internacionales, pretende ampliar los derechos de este sector y establecer con más claridad las funciones y obligaciones de la autoridad para garantizar la inclusión de las personas que sufren discapacidad.