- Política
Para garantizar el derecho a la identidad de cada mexicano, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, la senadora Lorena Cuéllar propuso la creación de políticas públicas que hagan más accesibles los servicios de registro de nacimiento.
La senadora del PRD al destacar que el registro de nacimientos debe ser permanente, ininterrumpido y universalizado, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer una Política Pública específica, que deberá incluir, entre otras medidas:
1.- Contar con diagnóstico detallado de la situación de registros de nacimientos a nivel nacional, que deberá actualizarse constantemente.
2.- El apoyo al registro mediante la combinación con otras actividades, programas o servicios gubernamentales.
3.- Implementar medidas de accesibilidad de la población en situación de pobreza o marginación a la red de registros existente.
4.- La utilización de unidades móviles que acerquen el servicio público de registro de nacimientos a las comunidades en situación de marginación.
La legisladora informó que en México, de acuerdo a cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el 2012, 10.8 por ciento de la población carecía de acta de nacimiento, es decir, personas que están en una especie de limbo jurídico, como ha señalado la asociación civil “Be Foundation, Derecho a la Identidad”, que se ha especializado en este tema.
Esa población “invisible” está integrada principalmente por niños, niñas y adultos mayores de zonas indígenas y rurales.
La legisladora tlaxcalteca agregó: “Se sabe que un número importante de niñas y niños migrantes e indígenas carecen del certificado”.
El principal desafío en el tema es avanzar en el diagnóstico detallado de la situación de registros de nacimientos, así como en medidas concretas para que el Gobierno facilite en todo el país, de manera gratuita, ya que es un derecho fundamental de la persona.
El Gobierno federal ha declarado que le preocupa el problema, pero no ha dado pasos concretos para solucionarlo.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social señaló que muchos países han comprobado que por amplia que sea la red de oficinas fijas de registro deben ser complementadas con unidades móviles para hacer llegar sus servicios hasta los grupos marginados, como los que viven en los suburbios pobres de las ciudades y en las áreas geográficamente inaccesibles.
La legisladora al dar algunos ejemplos, señaló que Argentina utiliza unidades móviles para suministrar servicios en la región de la Patagonia, mientras que Chile tiene tres modernas furgonetas provistas de computadoras y conexiones vía satélite con el registro central.
El proyecto de decretó se turnó a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos para su dictamen correspondiente.