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  • Lucía Pérez
Analizan solicitud del Ejecutivo para suprimir fideicomisos.

El Congreso del estado aprobó el punto de acuerdo que presentó la Comisión de Turismo para exhortar al Ejecutivo local que considere dentro del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016 la cantidad de 2 millones de pesos para impulsar acciones encaminadas a promover el desarrollo turístico del Pueblo Mágico de Huamantla.

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso local, Tomás Orea Albarrán, expuso que el objetivo de dicho exhorto es con la finalidad de garantizar la permanencia de Huamantla en el programa de Pueblos Mágicos.

En la exposición de motivos el legislador dijo que los recursos serían destinados para la promoción, fomento y desarrollo turístico del municipio de Huamantla, tal y como lo establece el lineamiento décimo segundo, fracción II, de los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2014.

Lo anterior a solicitud del alcalde de Huamantla, José Alejandro Aguilar López, que el pasado 29 de septiembre del año en curso, remitió al Congreso local el oficio número SPD/09-15/0931, en el que solicitó gestionar dos millones de pesos ante el Gobierno del Estado.

En la misma sesión plenaria, los diputados dieron lectura a la solicitud del  gobernador Mariano González Zarur para suprimir los fideicomisos denominados Atención de los Sectores Marginados, Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora, Desarrollo Turístico del Estado, Colegio de Historia de Tlaxcala y Fondo de la Casa de Artesanías y Prevención de las Adiciones.

El argumento del Ejecutivo local fue que la operación y el pago elevado de costos de manejo de cuentas, comisiones, transferencias y en general por los servicios que presta la Institución Fiduciaria, hizo necesaria la integración de los fondos fideicomisos y sus rendimientos, en una figura que operativamente responda oportunamente a las necesidades de la sociedad.

Esa iniciativa fue turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación Justicia y Asuntos Políticos para su análisis.

 

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