- Seguridad
La Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aprehendió a Anel Monroy Ayala, quien contaba con un mandamiento judicial por el delito de fraude, en virtud de que vendió por la cantidad de 100 mil pesos un local comercial que ya no era de su propiedad.
Lo anterior, ya que en julio de 2013, Anel Monroy Ayala ofreció un local comercial ubicado a un costado de su vivienda en el municipio de Ixtacuixtla, por la cantidad de 100 mil pesos a la agraviada, misma que por la relación de amistad que guardaba con la probable responsable, aceptó comprar el inmueble.
En este sentido, ambas partes acordaron que el pago sería cubierto en cinco exhibiciones de 20 mil pesos en efectivo. De esta manera, la agraviada terminó de pagar la cantidad referida en junio de 2014, al tiempo que acudió ante la autoridad municipal de Ixtacuixtla, a fin de conocer los trámites correspondientes para la legalización de su predio adquirido.
Sin embargo, la defraudada fue informada que Anel Monroy Ayala, vendió en mayo de 2014 la propiedad donde habitaba y el local comercial referido, por lo que la imputada ya no era la dueña legitima del inmueble.
Ante esta situación, la afectada acudió ante el fiscal e interpuso la denuncia correspondiente, la cual tras el trabajo de los especialistas de la PGJE, se logró que el Juez Primero de lo Penal de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, otorgara la orden de aprehensión en contra de Anel Monroy Ayala, dentro del proceso 146/2015, por el delito de fraude.
Con el mandamiento judicial, los detectives se abocaron a la localización de la sospechosa, por lo que la tarde del 9 de noviembre del año en curso, se trasladaron al municipio de Sanctórum, donde ubicaron a una mujer cuyas características fisionómicas coincidían con las de la imputada.
Ante esta situación, se aproximaron a la probable responsable y al comprobar que se trataba de Monroy Ayala, le informaron la situación que prevalecía en su contra, por lo que fue aprehendida y remitida al Anexo Femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) desde donde enfrentarán su proceso legal.