- Congreso
Los integrantes del Congreso del estado, aprobaron por mayoría de votos la creación de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que tiene como objetivo promover e implementar al interior de dicho poder una cultura con enfoque de género y sin discriminación.
La iniciativa fue presentada el pasado 28 de abril de 2015 al Congreso del estado mediante el oficio 1862/2015 por la presidenta del TSJE, Elsa Cordero Martínez, en ella se propone la adición de la fracción XIV del artículo 2 y creación de la sección sexta Unidad de igualdad de Género, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
El dictamen fue presentado ante el pleno por la diputada priista, María Angélica Zarate Flores, quien en exposición de motivos explicó que el propósito fundamental de la Unidad de Igualdad de Género del TSJE es promover e implementar, al interior de esa institución, una cultura de enfoque de género y sin discriminación, incorporándola al diseño, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas institucionales.
El fin de dicha unidad, será trabajar en la eliminación de toda clase de diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas, en razón de su sexo o género, tanto en el interior de la Institución como en los procesos y las resoluciones judiciales.
Para ello, la citada Unidad deberá contar con un órgano responsable de implementar acciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y de resultados al interior de ésta dependencia; asimismo, se estará contribuyendo de manera fundamental con las disposiciones Constitucionales a los Pactos Internacionales suscritos por nuestro país.
Conforme el análisis, la diputada sostuvo que “con los considerandos previamente expuestos la Comisión que suscribe considera válido crear la Unidad de Igualdad de Género en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala la cual deberá encargarse de promover la implementación de la perspectiva de género, en la función propiamente jurisdiccional en donde se vinculará a todas las acciones del aparato judicial, con el efecto que producen en la sociedad, para evitar que éstas se conviertan en factor de consolidación de prácticas y políticas discriminatorias”.
La propuesta fue sometida a votación del pleno, y con 24 votos a favor y cero en contra se aprobó dicho proyecto de decreto, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.