- Tlaxcala
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Elsa Cordero Martínez, habría girado órdenes a su área administrativa para que ésta presentara un esquema que permitiera mantener las percepciones de los burócratas, pese a las retenciones a las que por ley está obligado este y todos los poderes
A decir de personal cercano a la todavía magistrada presidenta, la indicación es generar un concepto que se equipare al porcentaje que los trabajadores perderían por el monto de la retención que la Secretaria de Hacienda y crédito Público (SHCP) está obligada a sujetar a todos los entes.
De acuerdo a versiones de propios colaboradores de Cordero Martínez, la mencionada estrategia estaría enfocada en lograr adeptos que la abogada habría perdido a lo largo de su gestión, producto de sus decisiones unilaterales, mismas que han afectado a gran parte del organigrama administrativo motivados en gran medida por los exabruptos de la “mandamás” del poder judicial.
Con excepción de tres personas cercanas a Cordero Martínez, se presume que el grueso de la población laboral de este poder se ha manifestado en contra del desempeño y carácter de la representante del tribunal, ya que sus decisiones lejos de formar parte de una estrategia para la mejora del tribunal, solo son tomadas de acuerdo a su estado anímico o emocional.
La pregunta que queda en el aire es, de dónde saldrá el monto millonario que arrojará este esquema planteado por la actual presidenta pues, de confirmarse esta información, se habla de un monto superior a los dos millones de pesos que el área administrativa habría de destinar por concepto de un “bono” inexistente en el poder judicial.
En este delicado asunto se encontrarían involucrados Emilio Treviño Andrade, Rocío Jiménez Temoltzin, Lázaro Castillo García y María Sofía Margarita Ruiz Escalante, todos ellos integrantes del Consejo de la Judicatura, órgano regulador sin el que la presidenta magistrada podría llevar a cabo dicho acto.