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Con la finalidad de otorgar autonomía integral al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la senadora Lorena Cuéllar presentó una iniciativa para eliminar la facultad que actualmente tiene el presidente de la República de objetar el nombramiento de los consejeros que integran dicho organismo.
Al presentar el proyecto de decreto para modificar el apartado C del Artículo 26 constitucional, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social señaló que actualmente el marco jurídico da un plazo de 10 días hábiles al titular del Ejecutivo Federal para rechazar el nombramiento de cargo a consejero que haga la Cámara de Diputados.
La legisladora perredista argumentó que no es suficiente que el Coneval cuente con autonomía presupuestal. Se debe de cumplir con una serie de características que podrán diferenciarlo de una dependencia descentralizada que es una extensión del Poder Ejecutivo.
“En la medida en que un órgano tenga independencia respecto de los poderes tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, se puede garantizar su verdadera autonomía, no sólo en un sentido semántico, más bien se logre el objetivo en su concepción más amplia y práctica”.
Lorena Cuéllar precisó que el Estado debe velar por crear un mecanismo de selección que permita respetar el rango de organismo autónomo constitucional que permita al Coneval ser un ente que realice sus funciones con plena autonomía, credibilidad e independencia, con el propósito de fortalecer y desarrollar con libertad sus evaluaciones, programas, metas, acciones y mediciones de la pobreza sin que se vea limitado o pierda veracidad en sus resultados.
Lo anterior, con la firme convicción de contar con un organismo que trasparente el actuar del gobierno y sus políticas, presentando información confiable a la sociedad.
Al concluir, la senadora tlaxcalteca señaló: “Mientras no se garantice una total independencia de los demás poderes, la creación de estos organismos resultará insuficiente en la configuración de un Estado pro democracia, en el que sólo se asigna autonomía presupuestal o administrativa, sin dotarlos de una autonomía integral que confiere un ejercicio transparente del poder y una desmonopolización de atribuciones exclusivas al Poder Ejecutivo”.