- Seguridad
Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad y desaparecida en Tlaxcala, podría ser explotada sexualmente en la ciudad de Puebla, señalaron este domingo sus padres y demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se sume a la investigación del caso.
Organizaciones sociales y familiares solicitaron la colaboración de autoridades federales y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para su búsqueda.
Los allegados de Karla marcharon este domingo al zócalo de la ciudad de Puebla, aunque esta no es la primera movilización del caso, pues desde inicios de año pobladores de San Pablo del Monte cerraron la Vía Corta Puebla-Tlaxcala para solicitar mayor seguridad en la zona debido la desaparición de mujeres jóvenes.
Olga Tezmol, madre de la Karla, indicó que la menor fue secuestrada por un grupo de sujetos el pasado 13 de enero, mientras iba a su escuela en San Pablo del Monte, y después recibió llamadas telefónicas anónimas en las que le señalaron que su hija era explotada sexualmente y que podía buscarla en hoteles de la avenida 14 oriente de la ciudad de Puebla.
La madre de familia también denunció que han trascurrido más de 23 días sin que la autoridad tome en cuenta los indicios que presumen que se encuentra siendo víctima de trata, y que la autoridad ministerial se ha negado a investigar el caso como un secuestro o como un asunto de trata de personas, a pesar de que en San Pablo del Monte existen múltiples antecedentes en los que se identifica un modus operandi sistemático de desaparición de niñas que son entregadas a redes de tratantes.
Dijo que tomará la palabra de la procuradora tlaxcalteca, Alicia Fregoso, quien luego de la denuncia pública y la movilización ciudadana, declaró públicamente que se comprometía con el caso.
“Tomamos la palabra, dijo que trabajaría conjuntamente con nosotros, porque hasta antes de este día se negaba a conocer realmente el caso e incluso me prohibió difundir la foto de mi hija perdida e ir con los medios de comunicación para pedir ayuda”.
La abogada Miriam Pascual, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explicó que solicitará la intervención de la Fevimtra, como un acto de voluntad política por investigar el caso de Karla con líneas diversas y tomando en cuenta los indicios de explotación sexual.
“Hasta el momento la PGJ de Tlaxcala se ha esforzado en encontrar indicios que señalen que Karla se fue con el novio, entrevistando niños, compañeros de escuela para saber sí la pequeña tenía Facebook o se veía con alguien. La otra línea que se ha abordado es que sufría maltrato, razón por la que abandonaría su hogar”, señaló.
Tanto Miriam Pascual como Norma Estela Andrade, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social e integrantes de la Red Retoño, solicitaron que la Procuraduría de Tlaxcala instale una comisión especial para informar diariamente a la familia de los avances en las investigaciones.
Urgieron a que se analice el modus operandi de este caso con otros parecidos y se haga el rastreo y búsqueda inmediata, así como la difusión de la Alerta Amber en los medios de comunicación locales y nacionales.
Norma Estela Andrade recordó que en el reciente informe sobre Trata de Personas en 2015, la ONU ha reconocido al corredor Puebla-Tlaxcala como un “foco rojo”.
Aseguró que se ha probado que en menos de 72 horas una niña puede cruzar hasta tres fronteras, ante la inacción de las autoridades, por lo que consideró inútil que la procuradora de Tlaxcala, para calmar la ansiedad de la madre, haya implementado la Alerta- pre Amber, situación absurda, pues operativamente implica un aviso a ella misma.
Brigadas ciudadanas de búsqueda
Organizaciones, familiares de Karla y pobladores de San Pablo del Monte anunciaron la implementación de #BrigadasCiudadanas de Búsqueda de Karla Romero Tezmol como un mecanismo ciudadano de seguridad para las niñas y mujeres de San Pablo del Monte.
Este domingo, con mantas que tienen la fotografía de la menor, recorrerían cruceros, vialidades, semáforos, bares y en centrales de autobuses secundarios, paraderos y en la CAPU, para pegar fotografías y circulando volantes con información del caso, supliendo las acciones que la procuraduría debía hacer.
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