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El Gobierno del Estado acepta la recomendación 05/2016, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y notificada hoy al Ejecutivo estatal, con el propósito de atender las observaciones realizadas por el organismo autónomo.
Al informar lo anterior, el secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carrera, manifestó que el Gobernador Mariano González Zarur lo instruyó para responder en positivo, y en términos de ley, la recomendación derivada de la violación a derechos humanos cometida durante una manifestación el 28 de mayo de 2014, en la que un grupo de personas cerró los accesos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
Por ello, indicó que se tomarán las medidas necesarias para la reparación del daño ocasionado a los jubilados en términos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, a fin de garantizar su acceso a medidas de apoyo, de conformidad con la norma.
Ordóñez Carrera dijo que la administración estatal expresa su respeto a la CNDH y a su resolución, y que refrenda su compromiso con el fomento a la cultura de los derechos humanos, por lo que continuarán las acciones para mejorar los protocolos de actuación de la fuerza pública, así como la capacitación, que hoy es sistemática, en esta materia, dirigida a los integrantes de los cuerpos de seguridad.
Mencionó que también se colaborará con la CNDH en la investigación a los servidores públicos que participaron en el operativo realizado en las instalaciones de la JLCyA, para determinar responsabilidades administrativas.
El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) aseveró que, en los mismos términos, se atenderán los puntos observados a la Presidente de la JLCyA, Karina Edith Torres Vázquez, para emprender las gestiones que en derecho procedan y culminar la debida integración de los expedientes laborales de los jubilados, a efecto de que, a la brevedad procesal, sean dictados los laudos correspondientes.
De esta manera, puntualizó que el Gobierno del Estado manifiesta su disposición de acatar de manera pronta, transparente y expedita las solicitudes de la CNDH, como quedó establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.