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Además el probable responsable enfrentará otro cargo por incumplimiento de la obligación alimentaria.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de las pesquisas realizadas por oficiales de la Policía de Investigación, logró la captura de Alejandro Guerrero Castillo, quien contaba con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de abuso sexual e incumplimiento de la obligación alimentaria.

La orden de búsqueda y aprehensión se giró dentro del proceso 01/2016, emitido por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, instruido en contra de Guerrero Castillo, como probable responsable de los delitos de abuso sexual e incumplimiento de la obligación alimentaria.

Del expediente se desprende que en 2008, la agraviada decidió separarse del sospechoso después de vivir en unión libre por ocho años, ya que descubrió en diversas ocasiones a su ex pareja en las que tocó los glúteos de su hija mayor, además de que no aportaba dinero para el hogar.

Por lo anterior, y ante las negativas de Alejandro Guerrero Castillo de responsabilizarse de los gastos de sus hijas menores, la madre de las agraviadas, interpuso la denuncia correspondiente ante el Representante Social por los delitos de abuso sexual e incumplimiento de la obligación alimentaria.

De esta manera, el fiscal logró que el Juez de la causa librara el mandamiento judicial correspondiente, con el que los oficiales de la Policía de Investigación se abocaron a las pesquisas competentes, a fin de dar con la ubicación del probable responsable.

Derivado del trabajo de inteligencia, la tarde del 7 de marzo del año en curso, los detectives montaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la colonia Centro, del municipio de Huamantla, donde ubicaron a un individuo cuyas características fisionómicas coincidían con las del sospechoso.

Ante esta situación, los oficiales de investigación se aproximaron al individuo y al corroborar que se trataba de Guerrero Castillo, le informaron la situación que prevalecía en su contra, por lo que fue asegurado y trasladado el Centro de Reinserción  Social (Cereso) de Apizaco, desde donde enfrentará su proceso legal.

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