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  • Lucía Pérez
En el proceso electoral de 2003 ni el 1% de las personas con discapacidad hicieron efectivo su derecho al voto.

Para la jornada electoral del próximo 5 de junio, las personas con  discapacidad enfrentarán algún tipo de dificultades para ejercer su derecho al voto secreto e informado, esto  debido a que no existen los mecanismos necesarios para dar cumplimiento con ese derecho humano, así lo consideró Gustavo Hernández Rivera, visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Este día la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) llevó a cabo la jornada de capacitación en materia de derechos de las personas con discapacidad, en la que participó personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fue dirigida a trabajadores del organismo autónomo local y de dependencias como la Secretaría de Salud, el Centro de Rehabilitación Integral, el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ahí el presidente de la CEDH, Francisco Mixcoatl Antonio, dio a conocer que en Tlaxcala se llevará a cabo un monitoreo el día de la jornada electoral, el 5 de junio, con la intención de conocer cuántas personas con discapacidad tiene acceso pleno a su derecho de participar en la agenda política y pública dentro de sus comunidades.

Para ello, el ombudsman local refirió que ya tuvo acercamiento con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y con el Instituto Nacional Electoral (INE) a efecto de que se lleve a cabo dicho monitoreo con el que se conocerá la implementación de la ley para personas con discapacidad.

En ese sentido, comentó que con base a resultados de un estudio similar realizado en el año 2003 en Tlaxcala de las 40 mil 837 personas con discapacidad, únicamente 212 ciudadanos ejercieron su derecho al voto, lo no representa ni el 1 por ciento del total de ese sector de la población.

En ese tenor, el visitador adjunto de la CNDH, encargado del Área de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gustavo Hernández Rivera, reconoció que en las 14 entidades donde hay elecciones los ciudadanos con algún tipo de capacidad  enfrentarán dificultades para emitir su sufragio.

Explicó que si bien es cierto que la Constitución Federal establece el derecho a la participación política y pública de las personas con discapacidad, en la realidad “nos encontramos muchas veces con la desarmonización legislativa, una de las principales causas por la que las personas no puedan estar en las casillas”.

Pero además no existen  formatos accesibles para ejercer el derecho al voto, para que las personas con discapacidad realicen el voto secreto e informado.

“No tenemos muchas veces la información de los candidatos en formatos accesibles entonces cómo podremos ejercer este derecho a votar de manera informada, recordemos que un derecho humano no puede cumplirse a medias”, acusó.

Insistió que las restricciones que se presentan para las personas con discapacidad  al momento de votar son producto de una ley electoral exclusiva. En ese sentido reconoció que falta mucho para garantizar la participación en la vida política para este sector de la población desde la accesibilidad en las casillas, la existencia de material electoral para personas con discapacidad, pasando por las barreras institucionales y legales para la integración en la vida político-electoral.

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