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En sesión extraordinaria pública y por mayoría de votos, el Pleno de la LXI Legislatura local avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) que autoriza, por única vez, a la encargada del despacho del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Maldonado Textle, presentar al Congreso del Estado el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de los diferentes entes fiscalizables, a más tardar el 30 de junio del año en curso.
El acuerdo, dado a conocer por el diputado Roberto Zamora Gracia, indicó que de conformidad con lo dispuesto con el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el informe de resultados de la cuanta 2015 debe ser entregado el 31 de mayo de 2016.
Dijo “que a esa fecha el proceso electoral que se desarrolla en Tlaxcala seguirá en curso en una de sus etapas más importantes, posteriormente se desarrollará la jornada electoral el cinco de junio, etapas en las que toda autoridad está obligada a garantizar la neutralidad y equidad de la contienda, lo cual impone que esta Soberanía adopte las medidas necesarias para garantizar el respeto a los principios que rigen las elecciones de los Poderes públicos”.
Zamora Gracia subrayó que las acciones que forman parte de la fiscalización de los entes públicos son de interés general, mismo que se acrecienta cuando se trata de conocer el resultado de cómo es que se aplicaron los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.
“Y más todavía cuando dicha etapa, para su cumplimiento coincide con el desarrollo del proceso electoral, tal información es susceptible de ser empleada con fines electorales, como un intento de influencia ilegal en los electores, y a favor o en contra de algún partido político o candidato, lo que sin duda, enrarecería el proceso electoral local, afectando la auténtica manifestación de la voluntad ciudadana”, refirió.
Manifestó que a criterio de los integrantes de la JCCP de esta Soberanía es importante ponderar medidas razonables que eviten el manejo inadecuado de la información, y con ello contribuir a la neutralidad y certeza del proceso electoral y se privilegie la certeza jurídica en los diversos entes fiscalizables.