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Al considerar que transgredió los derechos humanos, y actuó con falta de imparcialidad y compromiso al servicio público en el proceso por el delito de fraude en contra del rector de la UPT, Narciso Xicoténcatl Rojas, Lilia Vázquez Juárez y Johana Espejel Sarmiento, representante legal y asesor jurídico del Corporativo Elvan de México S.A de C.V., respectivamente, presentaron queja ante el Congreso del Estado contra la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rebeca Xicohténcatl Corona.
El escrito de queja ingresó vía correspondencia en la segunda sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso local, el documento fue recibido el pasado 20 de mayo en la Secretaría Parlamentaria, y este día fue turnado para su análisis y dictaminación correspondiente.
En el documento las agraviadas explicaron que la magistrada Rebeca Xicohténcatl incurrió en malos manejos en el proceso legal que mantienen en contra de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) por el incumplimiento del convenio de vinculación tecnológica celebrado en el año 2013, en el que se acordó pagar en una sola exhibición la cantidad de 3 millones 124 mil 680 pesos para realizar un monitor de signos vitales que sería entregado en ese mismo año, sin embargo hasta el momento no han entregado ni el proyecto ni el dinero al Corporativo Elvan de México, a pesar de que fue un compromiso adquirido con el rector Narciso Xicohténcatl Rojas.
Antes relataron que por recomendación de la presidenta del TSJE, Elsa Cordero Martínez, buscaron a la magistrada ponente de la toca, Rebeca Xicohténcatl Corona, para exponerle las dudas e inquietudes, y de esa manera la jurista tuviera un mejor panorama del asunto a resolver.
Sin embargo, al llegar con la magistrada Rebeca Xicohténcatl, fueron recibidas de manera prepotente y despectiva, poniendo en duda el profesionalismo de la asesora jurídica Johana Espejel, y dirigiéndose a la representante del corporativo, Liliana Vásquez de la siguiente manera: “no tenía usted que venir con abogada, es más no tiene por qué contratar abogada ya que para eso está el Ministerio Público y si usted no lo sabe, es porque su disque abogada no la ha asesorado correctamente y además de este asunto no tiene por qué venirme a decir nada para eso existen esos recursos yo resolveré conforme a derecho”.
En ese momento la colaboradora de la magistrada de nombre Violeta, intervino para comunicarle que ese asunto lo llevaban los hermanos Aquiahuatl Hernández y que tenía fecha para el 11 de mayo, entonces la magistrada ordenó el cambio de la fecha para el 25 de mayo para que fuera resuelto el fin de semana.
Además, al referirle que la propuesta de visitarla había sido hecha por la misma presidenta del Poder Judicial, la magistrada Rebeca Xicoténcatl respondió: “Pues yo no doy asesorías jurídicas y hagan sus trámites como corresponden que la asesore su abogada que para eso le pagan”, al tiempo les exigió que abandonaran su oficina.
Por lo anterior, las quejosas consideraron que la servidora pública transgredió los derechos humanos, y evidenció plenamente la falta de imparcialidad y compromiso al servicio público.