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El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Edgar González Romano, adelantó que –de no registrarse cambios- el día de mañana presentará ante el Congreso local una solicitud de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado para solicitar la invalidez de algunas disposiciones que contravienen al principio de transparencia y acceso a la información, así como al de no discriminación.
En entrevista, González Romano mencionó que la IAIP presentará la solicitud por escrito ante el Congreso para solicitar modificaciones en la ley promulgada el 4 de mayo pasado, con el propósito de que esa propuesta de reforma sea atendida por los integrantes de la LXI legislatura en el segundo y último periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de agosto.
“El día de mañana estaremos presentado esa solicitud de reforma a Ley de Transparencia, donde nosotros vamos a indicar claramente lo que consideramos debe de reformarse y tengamos una legislación de avanzada”, agregó que dicha solicitud es un mecanismo alterno a la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese sentido explicó que “si los legisladores reforman los preceptos legales que nosotros atacamos por inconstitucionales lo que lograrían es que la acción de inconstitucionalidad sobreseyera, es decir no van entrar a estudio por parte de los ministros en virtud de que no habrá materia para estudiarla, nosotros la estaremos presentado como una vía reparadora y creemos que los legisladores la tomarán en cuenta”.
A este momento, González Romano aseguró que la IAIP no ha tenido ningún acercamiento con ninguna bancada al interior del Poder Legislativo local para impulsar el proyecto de reforma, pero una vez que se presente harán los acercamientos necesarios.
Por otro lado, informó que la CSJN desde el pasado 12 de julio solicitó la presentación de los alegatos para robustecer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de transparencia aprobada por el Congreso local en abril y promulgada en mayo.
“Tanto el Congreso como el Ejecutivo han rendido su informe justificado en relación a la acción que se presenta en contra del dictamen y pues estamos en un plazo para verter cada quien los alegatos correspondientes y turnar para que se resuelva la acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte”, para ello tiene 15 días.