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Tlaxcala, Tlax; a 14 de julio de 2016.- Ante el enojo, desesperación y reclamos de las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), este jueves el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la queja de la ex candidata Lorena Cuéllar Cisneros, referente al rebase de los topes de campaña por la llamada megacoalición.
Durante la sesión de este jueves en la sede nacional del INE la senadora Dolores Padierna y Pablo Gómez, ambos representantes del PRD, insistieron que se rebasó el tope de campaña desde un convenio inicial de gastos entre la Coalición PRI, PVEM, Panal y PS.
Argumentaron que hay vicios, hay dolo y actos negativos solapados y además que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no realizó su labor de manera legal y al PRI, principalmente, no le fiscalizó como al PRD.
Ante esta aseveración, los consejeros desecharon la queja ante la desesperación y protestas de los perredistas al no prosperar su versión y los propios consejeros recomendaron que debían revisar bien los informes, ya que no existió tal persecución denunciada.
El dictamen de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) dado a conocer públicamente desde el pasado martes, consideró respaldar diez votos contra uno, los gastos de campaña del candidato de la Mega Coalición conformada por el PRI, PVEM, Nueva Alianza y PS.
Tras el dictamen aprobado en esta sesión que tardará varias horas, ahora el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) tendrá luz para resolver este próximo viernes el juicio electoral que promovió el PRD y Lorena Cuellar.
Todo parece indicar que será el TEPJF el que diga la última palabra en el caso Tlaxcala, aunque todo depende del plazo que pidieron los magistrados, para emitir sus conclusiones, mientras todo parece indicar que el gobernador electo es Marco Antonio Mena Rodríguez.
Además de que si se diera el caso de que se pidieran pruebas en el TEPJF, cabe destacar que si no se cuenta con todas las actas –para avalar el triunfo-, mucho menos se tiene la capacidad para debatir en torno a gastos o rebase de los topes de campaña, a los cuales no se tiene acceso de su debida y exacta comprobación.