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  • Lucía Pérez
El presidente de la JCCP del Congreso local se comprometió a no judicializar –de nuevo- el procedimiento de designación del próximo auditor.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso del Estado, Salvador Méndez Acametitla, consideró que para evitar cualquier tipo de conflicto en el proceso de elección del próximo auditor y por ‘obligación moral’, la encargada del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isabel Maldonado Textle, debería de separarse del cargo que le fue conferido el 22 de marzo de este año.

En entrevista, el diputado del PRD expuso que antes de la etapa de evaluación a los 13 interesados al cargo de titular del OFS, deberán concluir el proceso de revisión de los documentos de cada uno de los aspirantes para definir la elegibilidad de los mismos.

“Hemos cumplido con las etapas del procedimiento y además de lo que nos ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia del Estado y lo que nos falta la entrevista y la evaluación esperemos que sea la próxima semana”, adelantó.

No obstante, dijo que el área jurídica del Congreso del Estado y la JCCP revisa cómo se llevarán a cabo dichos procedimientos, por lo que no aceptó ni descartó que se vaya a contratar un sínodo especializado para realizar tanto a la entrevista como la evaluación.

Por otra parte, fue cuestionado respecto a la situación de ventaja que se observa en el procedimiento de selección del próximo titular del OFS debido a que la actual encarga del despacho está participando como aspirante a titular del órgano, en ese sentido respondió: “El Congreso debe ser garante que todo será transparente para todos los participantes para que no pueda judicializarse este tema consideramos que esto es una etapa fundamental y una responsabilidad de la JCCP para que no haya alguna situación de impugnación”.

El presidente de la JCCP, consideró que la encargada del OFS tendría la “obligación moral” de dejar el cargo si es que desea participar, no obstante esta situación deberá ser analizada por el área jurídica y la Junta del Congreso local.

 

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