- Seguridad
Sin contar con una orden por escrito, por instrucciones “superiores” y por “un protocolo de seguridad” que no pudieron documentar al sacárselo de la manga, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) viola derechos constitucionales y humanos tras impedir a reporteros el acceso a la dependencia pública.
A este reportero le consta el condicionamiento, luego de que la tarde de este lunes intentó ingresar a la dependencia para acompañar a un grupo de personas provenientes del municipio de Terrenate -encabezados por la ex candidata del PAN Aimé Badillo-, quienes acudieron a esa institución a presentar una denuncia luego de haber sido baleados la mañana de este día.
Luego de que este servidor se acreditó en el acceso principal de la PGJE, el funcionario que se encontraba en el mismo, trasgredió los derechos que enmarca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos sexto, séptimo y octavo.
“Comandante viene el señor Roberto Nava Briones es reportero del e-consulta, es lo que le estoy comentando dice que se espere viene para acá”, fue el reporte que vía telefónica hizo el servidor público en el acceso principal.
De acuerdo al Artículo 6º de la Constitución Política, estipula que; “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013).
Mientras que el Artículo 7º precisa que; “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013).
Y el Artículo 8º, puntualizó que; “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”.
En ese sentido, este reportero solicitó que fuera presentada la orden o el escrito en el que prohíbe el ingreso al inmueble, situación que no pudo soportar el empleado de la PGJE; “yo solamente obedezco órdenes y tengo un mando, es una orden directa de la procuradora?, se le preguntó; “yo tengo un comandante y es el que está dando la orden cualquier aclaración la puede hacer con él”.
No obstante de insistirle que es una oficina pública en la que no pueden prohibir el ingreso a personas que acuden a la misma; “yo solo recibo órdenes”.
A insistencia de este comunicador para conocer quien o quienes giraron la orden que viola las garantías que todo mexicano tiene derecho, el empleado que no quiso dar su nombre ni tampoco portaba gafete como lo marca la Ley de los servidores públicos se limitó a contestar; “yo tengo una orden, yo tengo un trabajo”.
Minutos después salió un sujeto que dijo ser el auxiliar del área de comunicación social de la PGJE quien en lugar de ofrecer alguna alternativa para obtener la información, asumió una actitud represora al precisar que para poder ingresar a la dependencia literalmente deberá pasar al confesionario para que ellos lo analicen y posteriormente ver si autorizan el ingreso al inmueble construido y el cual se mueve con recursos públicos.
Al acto represor se sumó un sujeto de complexión gruesa, de piel blanca, quien tampoco se identificó con algún documento oficial, sin embargo dijo ser el comandante de turno quien justificó la violación a los derechos constitucionales tras haber implementado “un protocolo de seguridad” que evidentemente se sacó de la manga ya que tampoco pudo documentar.