- Elecciones
Por haber omitido la ley, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) por el Juicio de Revisión Constitucional JRC 286/2016 el cual fue interpuesto por Lorena Cuéllar Cisneros, dándole tres días para que haya una contestación por las acciones de gobierno emprendidas por Mariano González Zarur, Rosario Robles Berlanga y Sergio Pintor Castillo en plena campaña electoral.
Los funcionarios federales y el gobernador del estado habrían incurrido en una violación a la ley por realizar actos masivos en pleno proceso electoral, menospreciando la normatividad Constitucional y legal por implementar el programa “El papelito habla”.
Conforme a la sentencia del TEPJF el TET sobrepasó el principio de exhaustividad ya que se limitó a razonar si los hechos denunciados vulneraron los artículos 41, Base III, Apartado C párrafo segundo de la Constitución General en relación directa con el 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, desconociendo el análisis del marco normativo electoral al no tomar en consideración el articulo 95 Apartado B, segundo párrafo.
Y es que durante el periodo electoral, los funcionarios federales y locales no debieron de haber realizado algún tipo de acción, ya que la ley sólo contempla actividades en materia de educación, salud y Protección Civil en caso de que se presente algún tipo de siniestro que ponga en riesgo a la población.
Según la ley solamente se puede emprender campañas de información en relación a servicios educativos, de salud o lo que se requiera en Protección Civil en caso de que se presente alguna emergencia, por lo que las acciones emprendidas por Rosario Robles, Sergio González Pintor y Mariano González vulneraron el artículo 134 de la Constitución.
La ley contempla que no se debe divulgar de cualquier otro tipo de acción de gobierno que rompa con el principio de equidad e imparcialidad en el proceso electoral, situación vulnerada por dos niveles de gobierno en este caso por la titular federal de la SEDATU, la delegación de la misma y el gobernador Mariano González.