• Seguridad
  • Lucía Pérez
La CEDH aún no resuelve la queja contra Oreste de Jesús Estrada por discriminación.

Con el propósito de recuperar su plaza laboral de taquimecanógrafo que desempeñaba desde 2012, José Arturo González Montiel, iniciará una demanda laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) contra el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Oreste de Jesús Estrada Miranda, y contra su jefe inmediato Juan Pablo Flores Rogelio por hostigamiento laboral.

En entrevista, el afectado mencionó que su plaza de taquimecanógrafo le fue retirada por su jefe inmediato, Juan Pablo Flores, para dársela a una de sus compañeras de trabajo con la quien supuestamente mantiene una relación amorosa, a partir de entonces ha sido sujeto de hostigamiento laboral y discriminación tomando en cuenta que sufre de discapacidad permanente neuromotora.

Situación por la cual, inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sin que hasta el momento haya emitido una recomendación contra las autoridades que sin motivo fundado y sin previo aviso le quitaron la plaza que ocupada desde hace cuatro años, y fue degradado a la plaza de Auxiliar de Registro, esto porque su jefe inmediato lo acusó de irregularidades en el desempeño de sus funciones.

“CEDH dice que primero deben justificar el motivo por el cual me cambiaron la plaza pero solo eso me han comentado, el titular de la CES no me ha hablado para nada no me ha dado la cara desde ese día que me hicieron el daño ese día me ofendió me gritó, dijo que era su Comisión y que podría hacer lo que él quisiera no tenía que dar explicaciones a ningún elemento debajo de su rango”, declaró el afectado.

Dijo que con ese descenso de rango en la CES, sufrió una disminución en su salario de aproximadamente 400 pesos, lo cual es necesario para mantener a su pequeño hijo del que cuenta con la custodia total.

“Me gustaría que me apoyaran las autoridades porque no hacen nada”, mencionó Arturo quien adelantó que este mismo día presentaría una denuncia ante el TCyA, también una querella por la vía civil y contra los funcionarios antes señalados como responsables. 

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