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Con uso de la fuerza pública el Gobierno del Estado finalmente se adjudicó el Hotel Misión en Atlihuetzia luego de que la empresa “Promotora Hotelera Misión Tlaxcala S.A. de C.V.” se negaba a entregar el inmueble toda vez que el pasado miércoles de forma ilegal elementos de la policía estatal y representantes del Gobierno del Estado desalojaron al personal de las instalaciones y les decomisaron documentos, consumibles y hasta el dinero de las ventas generadas.
Fue el gerente general del Hotel Misión, Carmelo Aztatzi, quien señaló en diversos medios de comunicación que el desalojo del personal y haber cancelado el contrato con la cadena hotelera fue ilegal, por lo que promoverán denuncias civiles y penales en contra del Gobierno del Estado.
En la víspera el gerente general junto con la gerente de ventas, Gloria Hernández, anunciaron que en el transcurso de ese día presentarían sus denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) por los delitos de desalojo y robo en contra de quienes intervinieron en esta acción arbitraria.
Incluso, acusó que en ese acto arbitrario se encuentra inmerso personal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) quienes acudieron a respaldar las acciones para recuperar el inmueble luego de que la tenía poco más de 11 años ininterrumpidos manejando el Hotel Misión.
Sin embargo, el gerente general informó que la firma que representa ha pagado puntualmente la renta de 200 mil pesos mensuales hasta septiembre del año en curso, además de que cuentan con una suspensión provisional de un juzgado federal para continuar haciendo uso del inmueble.
No obstante el pasado miércoles unos 80 elementos de la policía estatal y jueces locales encabezados por representantes de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Setyde), se presentaron al Hotel Misión para desalojarlos sin presentarles ninguna notificación.
Entre los abusos, además de intimidar al personal cambiaron cerraduras, decomisaron dinero y hasta sus suministros, además de que en el interior del inmueble ingresaron varias patrullas y se restringió el acceso al inmueble.
Tras lo anterior, este día el Gobierno del Estado difundió que ya recuperó el inmueble ubicado en Atlihuetzía, pese a que concluyó su contrato de arrendamiento desde 2013, y justificó el desalojo por un ordenamiento que emitió el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con cabecera en Apizaco, en el que ordenó dar cumplimentó a una sentencia para recuperar el edificio con auxilio de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Según la información que fluctúa en medios de comunicación, la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Inés Bonilla Sosa explicó que la demanda de desocupación fue promovida por el actual Gobierno del Estado debido a la negativa de la empresa de hacer la entrega voluntaria de la propiedad desde hace tres años.