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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, presentó a la LXI Legislatura una iniciativa para reformar diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Poder Judicial, de Control Constitucional, así como los Códigos de Procedimientos Civiles y el de Procedimientos Penales, además de las leyes de Extinción de Dominio, y del Notariado, todas y todos vigentes en el estado de Tlaxcala.
Acompañada de los magistrados integrantes del Poder Judicial local, la presidenta explicó que dichas modificaciones son tendientes a generar el marco legal con el cual se permita el traslado de este poder a la nueva sede conocida como ‘Ciudad Judicial’, y así contar con la certeza jurídica de que los actos emitidos desde esta sede, sean apegados a la legalidad.
Indicó que el TSJE está a la espera para que les sean entregadas las nuevas instalaciones ubicadas en Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco, por parte del Poder Ejecutivo local, por ello se presentó la iniciativa de reforma al presidente de la Mesa Directiva, y de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), del Congreso del Estado, presididas por los diputados Julio César Álvarez García y Salvador Méndez Acametitla, respectivamente.
Lo anterior para evitar incurrir en omisión por lo que es necesario que cuenten con la seguridad jurídica para el traslado de oficinas, salas, juzgados y demás áreas que estarán funcionando en este nuevo espacio.
En ese sentido, Cordero Martínez declaró: “Encontramos prudente presentar una iniciativa en uso de las facultades constitucionales que tenemos, para reformar concretamente las Leyes Orgánica del Poder Judicial, de Control Constitucional, así como los Códigos de Procedimientos Civiles y el de Procedimientos Penales, además de las leyes de Extinción de Dominio, y del Notariado, todas y todos vigentes en el estado de Tlaxcala”.
Al respecto, el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, agregó que “se realizaron algunos trabajos previos para armonizar el marco jurídico y dar cumplimiento al último decreto que se formuló en la Constitución del Estado, específicamente en el artículo 79 en el mes de noviembre de 2015 y a nivel constitucional ya prever la posibilidad de trasladar las oficinas administrativas y jurisdiccionales a la nueva sede”.
No obstante, agregó que es pertinente realizar una revisión y adecuación de algunos otros aspectos, sobre todo de índole procesal, para que en un momento dado las partes que intervienen en los procedimientos jurisdiccionales tengan la certeza del lugar en dónde van a designar el domicilio para recibir sus notificaciones.