- Educación
A dos meses y una semana de la culminación del gobierno de Mariano González Zarur son alrededor de tres años los que han pasado desde que más de 50 personas erogaron diferentes cantidades de dinero para hacerse de un espacio laboral dentro del sector educativo, estando a la espera de que les sea resuelta su situación o en su defecto les devuelvan el recurso que aportaron al entonces director de Relaciones Laborales de la SEP- USET, Roberto Zeferino Bravo.
Fue la aprobación de la Reforma Educativa lo que dificultó la entrega de plazas a los quejosos que aseguran que entregaron entre 80 y 250 mil pesos a quien se ostentaba como director de Relaciones Laborales Roberto Zeferino, recurso que hasta el momento no les ha sido devuelto aun cuando el funcionario marianista no cumplió con lo pactado.
Ante tal incumplimiento, los timados recurrieron a diferentes instancias y el gobierno de Mariano González con la intención de proteger a Zeferino Bravo lo cambió y lo mandó a sub sistema CECYTE´S, en donde igualmente habría realizado negocios de la misma índole.
Fue entonces que llegó Armando Hernández para afrontar el problema dejado por su antecesor para que una vez regularizado el asunto de la entrega de las plazas dejadas por los profesores que se jubilan y por lo que fallecen fueran manejadas por el nuevo dueño de los espacios laborales dentro del sector educativo.
Al igual que Zeferino Hernández no pudo dar resolución y fue entonces que decidieron acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se iniciara una investigación, no obstante, negociaron la entrega de los espacios laborales una vez más, ahora a cambio de que apoyaran en campaña al gobernador electo, Marco Mena Rodríguez.
Terminó la campaña electoral, llegó el ciclo escolar 2016- 2017 y nuevamente el gobierno marianista incumplió, mientras los quejosos aun con su orden de presentación para laborar no llegaron a sus lugares de adscripción debido a que se enteraron que la SEP- USET a través de Armando Hernández desconocería la documentación oficial con la que cuentan para acusarlos de falsificación, con lo que no sólo perderían su dinero, sino hasta su libertad.
Debido a la situación que atraviesan a este medio pidieron que anónimamente se diera a conocer su caso y esperar la buena voluntad del moribundo gobierno que lo mismo se ha enfrentado con personas de la tercera edad que con transportistas, estudiantes, maestros y otros sectores, mostrando intolerancia en todos los casos.