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El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP-Tlaxcala), Edgar González Romano, informó que a partir del mes de noviembre iniciarán con la aplicación de sanciones contra los funcionarios, partidos políticos, autoridades municipales, y de los tres poderes, por incumplir con la Ley de Transparencia.
En entrevista, el presidente del IAIP recordó que los resultados de la primera evaluación semestral revelaron que los entes que registran un mal comportamiento en cuanto a rendición de cuentas son los municipios y partidos políticos, por lo que los conminó a ponerse al corriente con lo que establece la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
De hecho, adelantó que con base a la Ley de Transparencia las sanciones para los sujetos obligados a transparentar información pública van de 10 a 10 mil Unidades de Media y Actualización (UMAS), que equivale a 73.04 pesos establecida por el INEGI. Además –subrayó- que las sanciones deberán ser pagadas por el infractor de su peculio y no del erario público.
“Nosotros tenemos contemplado la aplicación de la ley de Transparencia para aquellos que no actualizan sus páginas de internet con la información que establece el catálogo de datos básicos que deben de cumplir, y si no vamos a empezar con la imposición de multas que ya tenemos facultades para ello; yo creo que estamos en tiempo y forma aun cuando ya va a terminar el periodo de estas autoridades, y de esta manera dejarles a las próximas autoridades las bases para que continúen con el trabajo”, expuso.
González Romano, dijo que a pesar de que ya están por concluir las administraciones municipales éstos deberán cumplir con sus portales de internet con la información básica sino al 100 por ciento sí en un 80 por ciento.
Para ello, el presidente del órgano garante mencionó que desde septiembre, han comenzado con el trabajo de capacitación a los entes obligados para conocer las novedades que tiene la nueva ley y la forma en la que se habrá de subir la información a la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual deberá estar presente en el mes de noviembre y de no ser así empezarán con la aplicación de sanciones.