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El presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales en el Congreso del Estado, Lincoln Rodríguez Rodríguez, anunció que analizará la aplicación de multas que anunció el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP-Tlaxcala) contra los funcionarios, partidos políticos, autoridades municipales y estatales con la intención de que se sujeten a lo establecido en la Ley de Transparencia.
Lo anterior, luego de que el presidente del órgano garante local, Edgar González Romano, anunció que a partir de este mes iniciará con la aplicación de sanciones a funcionarios y autoridades que registren un mal comportamiento en materia de transparencia.
Entrevistado al respecto, el diputado del PAC Lincoln Rodríguez expuso que el IAIP está facultado a llevar a cabo la implementación de sanciones a todas las personas y entidades públicas que incumplan con los lineamientos que establece la Ley, esto “tomando en consideración las facultades que le otorga la ley para llevar a cabo las acciones correspondientes”.
Aunque reconoció que el IAIP tendrá que analizar el mecanismo a través del cual podrá implementar las sanciones a los entes opacos, sentenció que “tienen que ver la forma de aplicar la ley, si en un momento dado pueden aplicar alguna ley de manera supletoria habría que analizarlo jurídicamente si hay esa posibilidad, sino tendrán que ver la forma de normar algún procedimiento sancionador”.
A pregunta expresa si la implementación de multas será legal, el legislador mencionó que el Congreso analizará la facultad del IAIP.
“Es facultad del Consejo porque obviamente los integrantes y presidente tienen que presentar los proyectos y a través del órgano de gobierno, deben determinar la forma en que van a sancionar a determinado organismo público”, expresó.
Es preciso recordar que con base a la Ley de Transparencia las sanciones para los sujetos obligados a transparentar información pública van de 10 a 10 mil Unidades de Media y Actualización (UMAS), que equivale a 73.04 pesos establecida por el INEGI, pagable de la bolsa del funcionario infractor.