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Después de que fuera publicada la presunta violación de una menor en la estancia infantil Rehilete la cual depende de la SEDESOL, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tlaxcala (CEDH) ya atrajo el caso y el organismo advirtió la posibilidad de violaciones de los Derechos Humanos ya que funcionarios de la PGJE no han sancionado al presunto responsable.
Al respecto, Salomón Amador González primer visitador general de la CEDH, informó en entrevista que el organismo defensor de los derechos humanos que al detectar las notas periodísticas procedieron a iniciar una investigación.
Incluso, procedió el inicio de una queja de oficio para estudiar los hechos y poder radicar una queja; “ya hicimos esa tarea ya conocimos la nota ya analizamos los hechos y es precisamente en esta visitaduría donde se está radicando la queja de oficio estamos en ese orden se está radicando el expediente que es el CEDHT/VG/72/2016”.
Agregó el visitador que existen altas posibilidades de que los derechos humanos hubieran sido violentados en contra de los involucrados, ya que; “como está involucrada una funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se advierten posibles violaciones a los derechos humanos”.
El funcionario explicó que esa queja consiste en analizar los hechos para determinar que posibles violaciones a los derechos humanos están de por medio; “para poderlas encuadrar en nuestro marco legal y de esta forma poder iniciar el procedimiento”.
Dijo que tras ser radicada la queja, calificada y autorizada por presidencia; “nosotros estamos facultados para solicitar un informe, se le hace directamente a la autoridad señalada pero también a su superior jerárquico que en este caso es a la procuradora, ellos dentro de un término legal deberán responder a través de un informe a esta visitaduría y con ese informe nosotros a su vez iniciamos la investigación hacer las visitas que sean necesarias para poder determinar si existieron violaciones a los derechos humanos”.
Al ser cuestionado sobre qué tiempo llevará el proceso, dijo que; “debemos ajustarnos a un término legal…si se rinde un informe ellos tienen promedio 15 días para hacerlo y posteriormente da un término legal también a la quejosa para que ellos también conozcan ese informe, se les da el derecho de que manifiesten lo que a su derecho convenga y si tienen otra prueba que nos la pudieran hacer llegar también se les da esa oportunidad”.
“De modo tal que nos ajustamos a un procedimiento que tiene que regirse a término y una serie de diligencias que tenemos que realizar para llegar a su debida conclusión”, asentó el visitador.